Después de varias instancias de negociación y dialogo con empresarios y sindicalistas, el Gobierno Nacional avanzó con la reglamentación de la reforma laboral planteada en la Ley de Bases. Los encargados de preparar las nuevas normativas fueron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El nuevo marco legal se publicaría en el Boletín Oficial del jueves 26 de septiembre.
Según reveló Infobae, la nueva ley estará compuesta por 17 artículos que buscan bajar los índices de trabajo no registrado, que se encuentra en el 50% de la tasa total de empleo, y promover la generación de empleo genuino. «El Presidente pidió una reforma laboral donde ganen los empresarios y los trabajadores. El Gobierno viene a darle libertad a las partes para que puedan encontrar esa mejoría mutua», precisó Sturzenneger.
Los cambios introducidos
Los principales pilares de la reforma laboral serán: la «Promoción del empleo registrado«, que planteará un blanqueo de trabajadores y eliminará las acciones penales, infracciones y sanciones para aquellos empleadores que hayan tenido trabajadores no registrados; además de la eliminación del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL).
El «Fondo de Cese Laboral», que habilitaría que a través de convenios colectivos de trabajo, las indemnizaciones por despido sean reemplazadas por fondos de cese laboral, los empleadores podrían contratar estos a servicios privados o autoasegurarse. Este artículo cuenta con el beneplácito de la CGT, uno de los grandes gremios que supervisó la redacción de la reforma, pues este nuevo sistema será optativo, es decir, tanto empleadores como empleados podrá decidir si adherirse a él o mantener el previo sistema de indemnizaciones.
Los periodos de prueba también cambiarán bajo esta nueva jurisdicción, pasando a durar hasta 6 meses; con la inclusión de dos casos adicionales: las pruebas podrían extenderse hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores, y hasta 1 año en empresas de menos. Esto significará que durante ese tiempo, los empleados pueden ser despedidos sin causa y sin indemnización.
Uno de los puntos más complicados de negociar fueron los despidos por bloqueos, referidos a las tomas o bloqueos en los establecimientos de trabajo. Esta ley estuvo apuntada a mermar el impacto de las medidas de fuerza sindicales. Según la nueva legislación, estos bloques constituirían una «grave injuria laboral», lo que justificaría el inmediato cese del contrato de trabajo. A modo de «suavizar» la medida, la CGT solicitó que previo al despido se incluya una instancia judicial, buscando así proteger los derechos de huelga de los trabajadores.
