La Justicia ordenó la suspensión temporal de los decretos del Gobierno nacional que declaraban al transporte aéreo como un servicio esencial, luego de una presentación judicial realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La medida cautelar fue dictada por el Juzgado del Trabajo N° 42, a cargo del juez Ricardo Hierrezuelo, quien dejó en suspenso los Decretos 825/24 y 831/24. Estos decretos habían sido emitidos por el gobierno en el contexto del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas.
El gremio de pilotos considera que la declaración del transporte aéreo como servicio esencial limita el ejercicio del derecho de huelga. Según APLA, esta medida judicial reconoce que el planteo del sindicato está fundamentado en la Constitución Nacional, que protege explícitamente el derecho de huelga a través del artículo 14 bis. También cita el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 87 de la OIT, todos con rango constitucional en Argentina.
De acuerdo con la Asociación, la actividad aerocomercial no está incluida en los servicios esenciales establecidos en la normativa vigente. El gremio destacó la vigencia del artículo 24 de la ley 25.877, y del decreto reglamentario 272/06, que regula los derechos laborales y define cuáles son los servicios esenciales, entre los que no figura el transporte aéreo.
El comunicado de los pilotos de Aerolíneas Argentinas en redes sociales
Desde APLA afirmaron que siempre han actuado dentro del marco legal y que continuarán defendiendo sus derechos. «Contestaremos a cada ilegalidad con mayor convicción sobre las razones de nuestros reclamos», expresaron a través de un comunicado en su red social X, en referencia a las medidas adoptadas por el gobierno.
El sindicato también dijo que el Poder Ejecutivo adoptó un rol que va más allá de su función como poder público y lo posiciona como un actor dentro del conflicto laboral. «El gobierno pone en evidencia, repetidamente, situarse como parte del mismo y, con ello, confundir su función de poder público con la de empleador», afirmaron desde APLA.
Los pilotos advirtieron que estas intervenciones del gobierno podrían acarrear consecuencias legales. A su entender, las autoridades estarían violando «escandalosamente» las normas vigentes y generando responsabilidades legales por su accionar en el conflicto con Aerolíneas Argentinas.
