El gobierno argentino emitió un comunicado en el que «repudia las órdenes de aprehensión» solicitadas por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, contra el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La solicitud venezolana está relacionada con el incidente del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza en 2022 y posteriormente enviado a Estados Unidos en 2023.
En el comunicado, el gobierno argentino afirmó que «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional». Además, el texto enfatiza que la República Argentina «recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro».
El avión en cuestión, un Boeing 747 perteneciente a la aerolínea venezolana Emtrasur, fue incautado en 2022 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, bajo sospechas de violaciones a las leyes de exportaciones de Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, la aeronave había sido transferida desde la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur, en un acuerdo que, según las investigaciones, beneficiaba a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada una organización terrorista por Washington.
A pesar de las gestiones diplomáticas y las exigencias de Venezuela para la devolución del avión, este fue enviado a Estados Unidos en febrero de 2023, donde permanece retenido. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado el episodio como una «violación a la soberanía venezolana», lo que ha intensificado las tensiones entre ambos países.
El pedido de arresto por parte de Venezuela contra las autoridades argentinas marca un nuevo capítulo en la controversia internacional por el avión de Emtrasur, y amenaza con escalar las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas.
Hasta el momento, el gobierno argentino no ha tomado más medidas que rechazar las acusaciones y defender la independencia de su Poder Judicial, mientras el presidente Javier Milei sigue su agenda sin pronunciarse públicamente sobre el tema.
