El traspaso de 31 líneas de colectivos al control de la Ciudad de Buenos Aires, inicialmente previsto para este domingo, se ha pospuesto, según informaron los empresarios del sector. Como resultado, las tarifas de los boletos permanecerán sin cambios en el corto plazo. El objetivo es llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional.
El conflicto involucra las líneas de colectivos que operan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Aunque se esperaba que el gobierno nacional concretara el traspaso de estas líneas al gobierno porteño, las negociaciones entre ambas administraciones no han concluido, lo que ha retrasado la implementación de esta medida.
Desde la Ciudad, informó NA, las autoridades buscan que el traspaso se realice de manera ordenada, evitando un proceso intempestivo que podría generar complicaciones en la gestión del transporte público. Además, la administración de Jorge Macri ha manifestado su negativa a asumir el 100% del costo de los subsidios sin que la Nación formalice la transferencia completa de competencias necesarias para administrar el sistema de manera eficiente.
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), confirmó que no habrá modificaciones en el cuadro tarifario de septiembre. Esto significa que las líneas que operan exclusivamente en la Capital seguirán aplicando el descuento de la Red SUBE, que beneficia a quienes realizan combinaciones de transporte público dentro de un lapso de dos horas utilizando la tarjeta SUBE.
Por su parte, desde la Secretaría de Transporte de la Nación informaron que el acuerdo con el Gobierno de la Ciudad aún no ha sido cerrado, lo que mantiene en suspenso el traspaso de las líneas de colectivos.
Actualmente, el costo del pasaje en las líneas que podrían ser traspasadas es de $863, de los cuales el pasajero paga $371 (el mínimo), mientras que la Nación subsidia $271 y el gobierno porteño cubre los restantes $221.
Esta situación refleja las tensiones y desafíos que enfrenta la transferencia de competencias entre los gobiernos nacional y porteño, en un contexto donde la eficiencia en la gestión del transporte público y la distribución de subsidios son puntos clave de la discusión.
