El gobierno de Javier Milei reveló un preocupante desfalco en el sistema de pensiones por invalidez laboral tras auditar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que comandaban los funcionarios de Alberto Fernández. La auditoría, realizada en agosto de 2024, expuso graves irregularidades en la asignación de estas pensiones por discapacidad en varios distritos del país, lo que podría haber generado pérdidas de entre 1.200 y 2.000 millones de dólares anuales.
Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), las auditorías iniciales descubrieron «inconsistencias alarmantes» en las pensiones otorgadas durante gestiones anteriores. Estas irregularidades incluyen la imposibilidad de localizar a un gran porcentaje de beneficiarios y la detección de numerosas incompatibilidades que sugieren un desvío masivo de fondos.
La investigación cubrió tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como las provincias de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta, donde se auditaron más de 500 mil beneficiarios. En CABA, de los 10.000 pensionados contactados, el 67% no pudo ser encontrado en los domicilios registrados, lo que plantea serias dudas sobre la autenticidad de los beneficiarios. En Buenos Aires, de los 900 citados, un 21% no pudo ser localizado y solo el 20% de los que asistieron cumplían con los requisitos legales.
Entre los casos más insólitos encontrados, se destaca un beneficiario con cuatro diagnósticos diferentes que se presentó con un abogado, personas respaldadas por organizaciones sociales como el «Movimiento Evita» y hasta una mujer que intentó suplantar a su esposo fallecido, aunque este aún seguía vivo. Además, se detectaron dos individuos que cobraban la pensión por invalidez mientras cumplían condena en prisión.
Más de 300.000 pensiones otorgadas antes de la finalización del mandato presidencial de Alberto Fernández
Uno de los nombres clave en esta trama es Paula Martínez, exdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Alberto Fernández. Martínez, quien había manejado recursos por 3.400 millones de dólares para la asignación de pensiones, está siendo investigada por la justicia debido al descontrol en la entrega de beneficios durante su mandato. Bajo su gestión se otorgaron 300.000 nuevas pensiones, muchas de ellas en los últimos días del gobierno anterior.
La fiscalía, encabezada por Guillermo Marijuán, investiga cómo Martínez flexibilizó los controles sobre la asignación de pensiones, permitiendo que personas con altos ingresos, dueños de bienes de lujo como yates y autos, e incluso fallecidos, accedieran al beneficio. Se sospecha que este descontrol se intensificó a medida que se acercaba el final del mandato de Fernández.
La actual gestión de la ANDIS sostiene que Martínez dirigía una serie de «abordajes territoriales», en los que equipos se desplazaban por el país buscando nuevos beneficiarios. Este mecanismo, según Spagnuolo, contribuyó a la masiva expansión del sistema de pensiones por invalidez, pero también sembró el caos administrativo que hoy enfrenta la justicia.
