El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, estableció que a partir de ahora los beneficiarios del monotributo social deberán asumir el 50% del costo de la obra social. Esta medida implica que tanto el titular del monotributo como sus adherentes deberán cubrir esta parte del componente de salud, una modificación que podría afectar a miles de inscriptos en esta categoría.
La resolución 630/2024, publicada en el Boletín Oficial, justifica esta decisión en la falta de efectividad del programa para cumplir sus objetivos iniciales. Según el ministerio de Pettovello, el Monotributo Social no ha logrado reducir el número de personas en la economía informal ni mejorar la sostenibilidad de los emprendimientos financiados a través de esta categoría tributaria. «El número de personas que se encuentran en la economía informal no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado», afirma el documento.
El Monotributo Social, que tenía como fin formalizar actividades económicas de sectores vulnerables y ofrecerles cobertura de salud y acceso a un sistema previsional, dejará de subsidiar la totalidad del componente de obra social. Hasta ahora, los beneficiarios pagaban solo el 50% de este costo, mientras que el Estado cubría el resto, lo que hacía más accesible esta categoría en comparación con el monotributo común.
El fracaso del monotributo social como política pública para los trabajadores del mercado informal
«Desde el año 2018 no se han registrado nuevas altas para cubrir el monotributo social», señalaron desde el ministerio, subrayando que la falta de nuevas inscripciones muestra que el régimen estaba «virtualmente en desuso».
El ministerio también argumenta que la integración a la economía formal de los monotributistas no se limita únicamente al pago de impuestos nacionales, sino que también involucra tributos locales. Según la resolución, la capacitación y asistencia necesarias para enfrentar esas cargas tributarias exceden las capacidades del organismo, lo que refuerza la necesidad de replantear el régimen y redirigir los recursos a políticas más efectivas.
Uno de los mayores desafíos que enfrentará esta medida es la posible pérdida de cobertura médica para unos 585.000 beneficiarios que actualmente forman parte del Monotributo Social. Con la nueva obligación de cubrir el 50% del costo de la obra social, muchos podrían optar por no reempadronarse y quedar fuera del sistema, lo que pondría en riesgo su acceso a servicios de salud esenciales.
Este ajuste al Monotributo Social forma parte de una serie de cambios impulsados por el gobierno para ajustar los gastos públicos y focalizar los subsidios en políticas que, según argumentan, ofrezcan mayor efectividad en la inclusión social y económica de los sectores más vulnerables.
