En una decisión que refuerza su postura en el ámbito judicial, el presidente Javier Milei desestimó una petición que buscaba frenar el nombramiento del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. La resolución fue oficializada a través del decreto 785/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El decreto declara «inadmisible» la solicitud presentada por diversas organizaciones y figuras de renombre en el ámbito legal, quienes argumentaban supuestas irregularidades en el proceso administrativo del pliego de Lijo. Entre los grupos y personas que impulsaron la objeción se encontraban el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana (ACR), Asociación Civil Usina de Justicia, y personalidades como Alejandro E. Fargosi, Daniel Sabsay y Ezequiel Nino, entre otros.
La presentación cuestionaba la validez del proceso que llevó a la propuesta de Lijo, argumentando fallas administrativas y posibles irregularidades. Sin embargo, el gobierno fue claro al rechazar estos señalamientos, argumentando que «el acto cuestionado no exhibe contradicciones en su parte dispositiva; ni ha sido descubierto algún documento decisivo no presentado antes por desconocerse su existencia, por razones de fuerza mayor o por el hecho de un tercero; ni tampoco ha mediado la declaración de falsedad de algún documento que haya servido de base a lo decidido; como finalmente tampoco existe pronunciamiento jurisdiccional alguno del que surja la existencia de los ilícitos que contempla la norma».
La decisión de Milei subraya su determinación de respaldar a Lijo, cuya candidatura ha sido objeto de controversia incluso dentro de su propio espacio político, La Libertad Avanza (LLA). Dirigentes de peso, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, han expresado públicamente su desacuerdo con la postulación del juez federal.
El rechazo de la presentación marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los sectores que cuestionan la independencia y la idoneidad de Lijo para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Con esta medida, el Ejecutivo demuestra su voluntad de avanzar en la designación, a pesar de las voces críticas y de las tensiones internas en LLA.
La decisión también abre un nuevo capítulo en el panorama judicial de Argentina, donde la influencia del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema ha sido un tema recurrente de debate y controversia. La resolución de este caso podría sentar un precedente significativo para futuras nominaciones en el ámbito judicial.
