El defensor de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, anunció que se está preparando un amparo judicial contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Según Semino, la medida será presentada una vez que el veto sea publicado oficialmente el lunes, con el objetivo de evaluar los argumentos del Poder Ejecutivo y determinar si existen fundamentos razonables para esta decisión contra los jubilados.
Semino, en declaraciones al programa Dato sobre Dato de radio Milenium, criticó el uso del veto presidencial, describiéndolo como un «resabio monárquico» que, aunque contemplado en la Constitución Nacional, debe estar fundamentado de manera adecuada. «Estamos esperando ver los fundamentos de este veto, porque negar 18.000 pesos a alguien que se está muriendo de hambre será difícil de justificar», señaló Semino, sugiriendo que el amparo se enfocará en la falta de razonabilidad en la decisión del Ejecutivo.
El fundador de la ONG Gerontovida también destacó que el veto de Milei afectará a unos 5 millones de jubilados que actualmente perciben la jubilación mínima, de 225.000 pesos mensuales, más un bono de 18 mil pesos que el Gobierno ha estado asignando mes a mes. Semino advirtió que la suspensión de este bono podría agravar aún más la situación económica de estos jubilados, que ya están atravesando dificultades financieras significativas.
Semino cuestionó al Poder Legislativo
En sus críticas, Semino no se limitó a cuestionar al Ejecutivo, sino que también responsabilizó al Poder Legislativo por su papel en la aprobación de la ley y la posterior falta de oposición al veto. «Si todos los legisladores que apoyaron la ley ahora no se oponen al veto, estaremos viendo nuevamente el transfuguismo habitual en la Argentina», afirmó.
Además, el abogado, quien también preside la Sociedad Interamericana de Gerontología y Geriatría, señaló que los jubilados han perdido alrededor de 26 puntos de poder adquisitivo en los últimos siete meses debido a la inflación. Criticó a los legisladores que impulsaron la reforma, sugiriendo que no han comprendido plenamente el impacto de su votación, ya que la recomposición que plantearon no alcanza a compensar las pérdidas sufridas por los jubilados.
Otro aspecto que Semino consideró fundamental fue la situación de un millón de pensiones no contributivas y de pensiones universales para adultos mayores, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Estas pensiones, que representan el 70% de la jubilación mínima, agravan aún más el cuadro de precariedad en el que se encuentran más de 6 millones de personas, según el defensor.
Finalmente, Semino calificó el bono como un «disparate» y criticó la forma en que se ha manejado su asignación. Describió el bono como una suma en negro que se paga de manera irregular y discrecional, destacando que durante el 2023 los jubilados perdieron poder adquisitivo debido a la disparidad entre el reajuste de sus haberes y la inflación.
