El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, comandado por Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de declaración en el que se rechazan las modificaciones en la Ley Acceso a la Información Pública que el Gobierno nacional dispuso por decreto días atrás. Según el bloque macrista, la Ley «garantiza un derecho esencial en cualquier democracia».
Para la UCR, se trata de una cuestión de «índole legislativa», por lo cual está «estrictamente reservadas al Congreso de la Nación». Por lo tanto, en su criterio, el oficialismo está incurriendo «en una grave afectación a la división de poderes» y «una lesión al derecho humano de saber sobre las cuestiones públicas».
«Asimismo, solicitamos al Poder Ejecutivo de la Nación que se derogue dicho decreto debido a la vulneración de los principios de libertad de expresión, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas sobre los que se sostiene la ciudadanía democrática», agrega la iniciativa.
En tanto, desde el otro bloque dialogista, expresaron: «Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley 27275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri».
Para el espacio radical, el Ejecutivo confunde «la naturaleza de la información, lo que constituye una vulneración al derecho de la ciudadanía de acceder a información pública, empeora la calidad de las instituciones de gobierno, incrementa el secretismo en materia de gestión y socava la confianza de la sociedad en la democracia».
En ese sentido, agregan que los «funcionarios tienen la posibilidad de negar, proteger o tachar la información si considera que se trata de una excepción legal». No obstante, en dicho caso «será un juez quien determine si esa información es de interés público o no». Y cierra: «Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no».
El proyecto dirigido al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostiene que se trata de un «nuevo hecho de suma gravedad para la calidad democrática» de la Argentina.
