El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza al Ministerio de Defensa, dirigido por Luis Petri, a realizar compras de armamento y obras de infraestructura militar bajo el concepto de «secreto militar». Esta medida permite que las adquisiciones se hagan sin necesidad de informar públicamente sobre los gastos o montos involucrados, bajo el argumento de reforzar la «seguridad» en toda la Argentina.
El decreto 807/2024 publicado en el Boletín Oficial otorga a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares la potestad de contratar y ejecutar obras de infraestructura, así como de importar armamento y material militar, sin estar sujetos a las normativas tradicionales de transparencia y publicidad. Este enfoque, de acuerdo a la justificación del Gobierno nacional, tiene como objetivo agilizar la modernización del equipamiento militar y mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Entre los proyectos mencionados en el decreto se destacan las obras en la VI Brigada Aérea Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se llevarán a cabo tareas de adecuación de instalaciones, incluyendo pistas, hangares y centros de instrucción. Además, se importarán materiales sensibles, como motores y armamento para las aeronaves estacionadas en esas bases.
Los gastos del Ministerio de Defensa nacional bajo «secreto militar»
Sin embargo, el decreto exime al gobierno de informar sobre los costos de estas obras y adquisiciones. «El organismo contratante estará exceptuado de cumplir con las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso», señala el documento, limitando el acceso público a los detalles financieros de estas operaciones.
La medida se ampara en el decreto 9.390 de 1963, que regula el uso del «secreto militar» para proteger información vinculada a la seguridad nacional. Según esta normativa, los detalles sobre proyectos, compras y equipamiento militar solo podrán ser conocidos por personas autorizadas, manteniéndose fuera del dominio público.
No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza recurre a esta figura legal. En abril de este año, el Ministerio de Defensa ya había utilizado el «secreto militar» para realizar compras de material para el sistema de radarización y la adquisición de aviones F16 a Dinamarca, con el fin de contrarrestar amenazas aéreas.
