En el marco de los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso Nacional durante una manifestación, la niña de 10 años, que fue víctima de gas pimienta utilizado por la Policía Federal, se ha presentado junto con el abogado Gregorio Dalbón como querellante en la causa y pide la indagatoria de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
«La nena de 10 años que resultó víctima del gas pimienta se presentó como querellante con el patrocinio de Gregorio Dalbón y pidió la indagatoria de Patricia Bullrich por ser responsable del operativo policial, y también de Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad Nacional, el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle, el comisario Gerardo Scampini y un efectivo de la Policía Federal que los medios de comunicación identificaron como Cristian Rivaldi», informó la periodista Vanesa Petrillo, especialista en temas judiciales, en el canal C5N.
La menor, quien estaba en el lugar junto a su familia, sufrió las consecuencias del accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo desplegado mientras se debatía el aumento del 8,5% a los jubilados que finalmente fue vetado por el presidente Javier Milei. El caso ha generado gran repercusión pública y ahora avanza en la Justicia con la intervención de la jueza María Capuchetti y el fiscal Eduardo Pagliano.
El operativo, que tenía como objetivo contener a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso, terminó con varios heridos y la controversia estalló cuando se conoció que una niña había sido afectada por el gas pimienta utilizado por la Policía Federal. Este hecho fue rápidamente denunciado por organizaciones de derechos humanos y ha generado una intensa crítica hacia las autoridades responsables del operativo, entre ellas Bullrich.
Según Petrillo, los delitos imputados a los responsables son graves. «Los delitos son incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y lesiones por alevosía. La denuncia la tiene la jueza María Capuchetti, que ya delegó la investigación en el fiscal Eduardo Pagliano», explicó. Estas acusaciones podrían complicar la situación judicial de Bullrich y otros altos funcionarios involucrados en la organización del operativo.
Las medidas que pidió Gregorio Dalbon a la Justicia
El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, ha enfatizado que el caso tiene una dimensión institucional importante debido al contexto en el que se produjo. «Dalbón le dice al fiscal que este es un hecho de gravedad institucional por todo lo que significó el operativo», afirmó la periodista, Petrillo. El letrado no solo exige que se investigue a fondo la responsabilidad de los funcionarios, sino que también ha solicitado varias medidas para avanzar en la investigación.
«Además, Dalbon pide la reconstrucción del hecho, pide declaración testimonial bajo Cámara Gesell a la víctima que fue rociada con gas pimienta», precisó la periodista. Esta declaración sería clave para la causa, ya que la niña podría relatar lo sucedido en un entorno seguro y protegido.
El avance de esta causa pone en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad de los altos mandos en la planificación y ejecución de los operativos. La intervención de Patricia Bullrich, en su rol de ministra de Seguridad en ese momento, ha sido fuertemente cuestionada, y ahora la Justicia deberá determinar si existió un abuso de autoridad y si los funcionarios incumplieron con sus deberes en el operativo que terminó afectando a una niña inocente.
