Miembros del Ministerio de Economía desmintieron que el proyecto de Presupuesto 2025 incluya un aumento de impuestos, tal como se desprendió de las estimaciones incluidas en el documento enviado al Congreso nacional. Primero fue el secretario de Hacienda Carlos Guberman quien utilizó su cuenta de “X” para negar un alza de la presión impositiva.
“Aclaración importante: las proyecciones de recaudación se hacen sobre las leyes vigentes, esto quiere decir que no puede haber ningún efecto en la recaudación causado por modificaciones en las normas tributarias”, señaló el funcionario.
En esa línea añadió que “la regla fiscal incorporada en el proyecto de Presupuesto vuelve irrelevante para la discusión presupuestaria al escenario macro. Esto quiere decir, a diferencia del pasado, que diseñar un escenario más o menos favorable para disponer a gusto de recursos no tiene sentido”. La regla fiscal a la que hace alusión Gubeman es la de “déficit cero” sobre la cual se asienta el programa.
En la mañana de este miércoles, los dichos de Guberman fueron reafirmados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el asesor ministerial Martín Vauthier. Los comentarios de un aumento de impuestos surgieron especialmente por un incremento proyectado de las retenciones de 100%.
Al respecto, la Cámara de Aceiteros aclaró que “la proyección del año 2024 está condicionada por los efectos de anticipos de pagos de DEX anticipados en 2023 por la existencia de decretos de dólar exportador que obligaban a registrar y anticipar pagos de derechos”.
La apuesta del Gobierno nacional a la SIDE
Mientras que las universidades públicas recibirían un incremento del 28%, los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) aumentarían en un 94%. Esta comparación ha generado indignación en el ámbito académico y entre los estudiantes, que consideran que la educación pública debería estar entre las principales prioridades del gobierno.
La AGD-UBA también convocó a una marcha federal universitaria, en la que docentes y estudiantes de todo el país se movilizarán para exigir que se garantice el financiamiento adecuado para las universidades. Los gremios y organizaciones estudiantiles ya están organizando medidas de acción en diversas provincias para manifestar su rechazo al veto presidencial.
La fecha del 2 de octubre no es casual, ya que coincide con el debate en el Congreso en el que los legisladores podrían votar para rechazar el veto de Milei. Este movimiento busca presionar al poder legislativo para que mantenga en pie la ley de financiamiento y evitar lo que consideran un recorte que pondría en riesgo la educación superior en el país.
