El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado su preocupación por el reciente decreto 780/2024, emitido por el gobierno de Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública. Esta medida, que limita el acceso a información privada de funcionarios, ha generado controversia en diversos sectores, y el Colegio de Abogados ha exigido su derogación inmediata.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados, expresó que el decreto representa una «seria regresión en la interpretación del derecho de acceso a la información pública», y señaló que contraviene los estándares internacionales en derechos humanos y lucha contra la corrupción. La declaración fue respaldada por otras setenta organizaciones de la sociedad civil, que también exigen la revocación del decreto.
El decreto 780/2024 modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, reduciendo el alcance de las solicitudes de información. En concreto, se excluye del acceso público cualquier información de índole privada de los funcionarios, justificando la medida en la necesidad de proteger la privacidad y seguridad de las personas involucradas en la gestión pública.
El Colegio de Abogados y las organizaciones firmantes criticaron duramente la medida, argumentando que «amplía el secreto y aporta discrecionalidad» al permitir que las decisiones políticas del gobierno tengan prioridad sobre el derecho ciudadano a acceder a la información en manos del Estado. Para ellos, esto establece un «marco normativo discrecional» que socava la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, el decreto establece nuevas definiciones de lo que se considera «información pública», excluyendo datos privados y documentos preliminares de la actividad estatal. Esta redefinición ha sido vista por los críticos como un intento de limitar el acceso a información relevante para el control ciudadano sobre las acciones del gobierno.
El Colegio de Abogados también ha señalado que el decreto impone requisitos adicionales para quienes deseen solicitar acceso a la información pública, lo que podría desincentivar la participación ciudadana en la fiscalización del gobierno. A partir de ahora, se requerirá información personal detallada para poder realizar estas solicitudes, lo que según los críticos, complica innecesariamente el proceso.
El Gobierno nacional no descartó cambios en el decreto tras las fuertes críticas de la oposición
Finalmente, el Colegio de Abogados ha hecho un llamado al gobierno para que revoque el decreto y garantice el pleno acceso a la información pública, tal como establece la ley original. «Es fundamental que el Estado mantenga su compromiso con la transparencia y permita a los ciudadanos acceder a la información que es de interés público», concluyeron en su declaración.
? Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública
— C.P.A.C.F (@CPACF) September 4, 2024
?? Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.
? Comunicado… pic.twitter.com/UIfjLJgqan
