La Federación Universitaria Argentina (FUA) anunció un paro general para el próximo 26 de septiembre y una movilización al Congreso el 2 de octubre, en rechazo al veto anunciado por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue sancionada recientemente por el Senado con un amplio apoyo, obteniendo 57 votos a favor y solo 10 en contra. Milei sigue ajustando en el Presupuesto 2025.
El contexto de esta movilización surge tras la aprobación de la ley, que busca actualizar los recursos destinados al funcionamiento, docencia, investigación y extensión en las universidades públicas del país. Este financiamiento es importante para garantizar la sostenibilidad y calidad académica de las universidades públicas. Sin embargo, el presidente Milei ha manifestado su intención de vetar la medida, argumentando que no hay financiamiento genuino desde el Estado para otorgar más aumentos de lo pactado.
El proyecto de financiamiento universitario aprobado por el Senado tiene un costo estimado del 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. A pesar de que el monto no representa una carga fiscal importante, el gobierno de Milei sostiene que su plan presupuestario no contempla un incremento en estas partidas, priorizando otros sectores.
El Gobierno nacional prioriza inversiones en la SIDE y menos en educación
En este sentido, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) ha destacado que el proyecto de presupuesto 2025 muestra una clara diferencia de prioridades. Mientras que las universidades públicas recibirían un incremento del 28%, los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) aumentarían en un 94%. Esta comparación ha generado indignación en el ámbito académico y entre los estudiantes, que consideran que la educación pública debería estar entre las principales prioridades del gobierno.
La AGD-UBA también convocó a una marcha federal universitaria, en la que docentes y estudiantes de todo el país se movilizarán para exigir que se garantice el financiamiento adecuado para las universidades. Los gremios y organizaciones estudiantiles ya están organizando medidas de acción en diversas provincias para manifestar su rechazo al veto presidencial.
La fecha del 2 de octubre no es casual, ya que coincide con el debate en el Congreso en el que los legisladores podrían votar para rechazar el veto de Milei. Este movimiento busca presionar al poder legislativo para que mantenga en pie la ley de financiamiento y evitar lo que consideran un recorte que pondría en riesgo la educación superior en el país.
