El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario parece inminente, tras la sanción del proyecto por parte del Senado de la Nación. La norma, que busca recomponer los salarios de los docentes universitarios y asegurar fondos para el funcionamiento de las universidades, se encuentra ahora en la Secretaría Legal y Técnica, y el presidente Javier Milei tiene 10 días hábiles para formalizar su decisión. Aunque la comunidad universitaria ya está movilizándose en rechazo a la medida, Milei ha sido claro en su postura de rechazo.
La ley fue aprobada con amplio apoyo en el Senado, con 57 votos a favor y solo 10 en contra. En la Cámara de Diputados, 143 legisladores también respaldaron la medida. Sin embargo, Milei adelantó en sus redes sociales que su decisión será un «veto total», al igual que lo hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria. En referencia al financiamiento universitario, el presidente calificó algunos de los artículos como «populismo legislativo», y dejó claro que no permitirá que se toquen los fondos del Estado.
En la reciente reunión en la Quinta de Olivos, Milei reafirmó su postura frente a los diputados que apoyaron su veto a la reforma jubilatoria. Según el mandatario, «los héroes» que lo respaldan en el Congreso entienden la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, y esto incluye frenar cualquier proyecto que implique aumentar el gasto público. Desde el PRO, ya confirmaron que acompañarán la decisión de Milei, destacando que la prioridad es la estabilidad fiscal del país.
La comunidad universitaria se pone en movimiento contra el posible veto de Milei
El rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno ha generado una fuerte respuesta de los gremios universitarios y la comunidad educativa. La CONADU, principal gremio docente, ya anunció jornadas de visibilización y paros que culminarán con una gran marcha nacional el próximo 2 de octubre. Las movilizaciones buscan defender la educación pública y oponerse al ajuste que, según sostienen, está afectando gravemente a las universidades.
Aunque el gobierno parece firme en su decisión, algunos recuerdan que durante el último conflicto con las universidades, que llevó a una masiva movilización en abril, el ejecutivo tuvo que retroceder y negociar con los gremios. Esta vez, desde la Casa Rosada aseguran que el veto no dependerá de las protestas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue categórico: «Cuando la ley llegue, inmediatamente va a ser vetada».
Los efectos del financiamiento a universidades sobre las arcas públicas del Estado
El impacto fiscal de la ley de financiamiento es del 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero en el presupuesto 2025 que Milei presentó, solo se destinaron 3,8 billones de pesos a las universidades, una cifra muy por debajo de los 7,2 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional estima necesarios para mantener las instituciones funcionando.
Las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel también añadieron combustible al conflicto, al hablar de una «oligarquía universitaria» y un «adoctrinamiento ideológico» en las universidades públicas. Esto provocó respuestas contundentes, como la del diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, quien afirmó: «El Gobierno nacional usa el ajuste para asfixiar la universidad pública, laica y gratuita».
