El 1 de enero de 2025 entrará en vigencia el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), una medida clave para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en el mundo. Esta ley, sancionada por el Parlamento Europeo en 2023, afectará a las exportaciones de productos agrícolas y derivados de países como la Argentina, que deberán demostrar que sus productos no han contribuido a la deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
El EUDR se aplicará inicialmente a productos como carne, soja, madera, cacao, caucho, café y aceite de palma, junto a sus derivados, como el chocolate o los muebles. Cualquier empresa que desee vender estos productos en la Unión Europea deberá garantizar que provienen de tierras que no hayan sufrido deforestación ni degradación forestal reciente.
El pedido de Argentina
Argentina, junto con Brasil, solicitó a la Comisión Europea que se retrase la implementación de esta ley, argumentando las dificultades operativas que implicaría para los productores y exportadores cumplir con estas normativas. Hasta el momento, la Unión Europea no ha dado indicios de que acceda a este pedido.
Para Mariano Spitale, director de Servicios ESG en KPMG Argentina, el impacto de esta normativa será profundo: “La EUDR es parte de una serie de medidas del Green Deal europeo, que busca establecer estándares más rigurosos en la sostenibilidad. Esta ley afectará directamente a las economías productoras de materias primas en América Latina, exigiendo a las empresas garantizar la trazabilidad de sus productos y cumplir con normas ambientales más estrictas”, explicó.
Romina Bracco, socia líder en Governance, Risk and Compliance Services (GRCS) y Servicios ESG en KPMG, también se refirió a los desafíos que enfrentan los exportadores, “las empresas deberán adoptar nuevas tecnologías para la trazabilidad y mejorar sus procesos productivos si desean seguir operando en este mercado clave. Será necesario generar alianzas en la cadena de valor para adaptarse a las nuevas exigencias”, señaló.
Las sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa incluyen multas de hasta el 4% del volumen de negocios neto, la prohibición de actividades comerciales en la Unión Europea y el decomiso de productos e ingresos.
Además, las empresas estarán obligadas a presentar declaraciones anuales que demuestren que sus productos cumplen con los requisitos del EUDR, a través de un sistema de diligencia debida que será supervisado por las autoridades europeas.
“La ley busca frenar la llamada ‘deforestación importada’, es decir, productos que llegan al mercado europeo desde tierras deforestadas o degradadas”, explicó Spitale. Las autoridades europeas realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento, y la Comisión Europea establecerá un sistema de evaluación por país para determinar el nivel de riesgo de deforestación.