A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional eliminó el Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones del ANSES. Según detallaron funcionarios del Poder Ejecutivo y del ANSES, este registro era un «coto de caza que perjudicaba a la ciudadanía» y era «innecesario y contrario a la libertad de los ciudadanos para elegir quienes lo representarían».
Esta última definición la dio Mariano de los Heros, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y afirmó que la existencia de un registro especial para trabajar con ANSES le parecía totalmente «redundante«. Mediante la Resolución 982/24, se eliminó el registro creado mediante la Resolución 479/14, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La anterior normativa requería que los ciudadanos realicen sus trámites del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mediante un abogado o gestor registrado por el organismo nacional. En su momento, esta norma había sido creada para garantizar un marco de profesionalismo y homogeneidad en los procesos; mas este requisito ya no será necesario, eliminando así «un obstáculo burocrático» y simplificando los trámites previsionales.
A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó la noticia y señaló: «El kirchnerismo había restringido el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor que estaba anotado en un registro manejado por el propio organismo. Cada tramite era una cabina de peaje a favor de la casta que a la fuerza pagábamos todos«.
Seguimos eliminando cotos de caza que sólo perjudican a la ciudadanía. Por Resolución 982/24 de @marianodlheros publicada hoy en el Boletín Oficial derogamos el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones” en @ansesgob.
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 21, 2024
El kirchnerismo, a través de…
La resolución publicada en el Boletín Oficial del lunes 21 de octubre, justificó la derogación del registro con lo establecido en la Ley 27.742, que promueve una gestión pública «transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad». También señaló la Ley 17.040, que dispone el marco para la representación ante ANSES, pero que no estipula la creación de un registro adicional. Según lo establecido en este texto, un registro como el eliminado «vulneraba la actividad directa y libre de los beneficiarios».
