El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó una denuncia judicial responsabilizando a Juan Grabois y al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por el bloqueo que desde hace siete días afecta el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) en Mar del Plata en reclamo de mejoras en la infraestructura del predio que afecta a los servicios urbanos de la ciudad, como la limpieza de basurales o la fumigación para prevenir enfermedades.
Montenegro afirmó que la protesta de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM), que demanda la construcción de un baño y un playón en el predio de las calles República del Líbano y Alberti, «tiene de rehenes a los vecinos de la ciudad».
«Esto no es una discusión con el Gobierno; estamos siendo rehenes de una situación delictiva», sostuvo en conferencia de prensa el intendente que señaló que bajo «extorsión no se puede dialogar». De esta manera, Grabois reaparece en el medio de un conflicto sindical con una denuncia en su contra, una situación que ya se vivió anteriormente.
Durante el fin de semana, la situación empeoró con un incendio en Sierra de los Padres. Según explicó el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, el bloqueo impide a los guardaparques acceder a vehículos y equipos necesarios para combatir el fuego, lo cual representa un riesgo en un contexto de altas temperaturas pronosticadas para los próximos días.
Ante esta situación, la apoderada del Emsur, Laura Muñóz Mora, solicitó a la Justicia local una medida cautelar que permita liberar el acceso al predio y disponer de los recursos esenciales para controlar el incendio en la Reserva Natural Laguna de los Padres.
Juan Grabois en el ojo de la Justicia
Como si todo esto fuese poco, investigarán si Juan Grabois manejó una asociación ilícita a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en la que se malversaron millones de pesos. Esta causa corre en paralelo a la de Mar del Plata, aunque las acusaciones son graves también porque su denunciante, Jeremías Rodríguez, lo tilda de ser cómplice y autor de fraude.
Rodríguez afirma que los decretos firmados por Alberto Fernández y el financiamiento de una estructura que comandaba Grabois, sin tener un cargo formal se articulan como una «asociación ilícita» con «la finalidad de que sus organizaciones políticas, con el propósito de perpetuarse en el poder utilizando los fondos públicos para su sostenimiento político, además de enriquecer sus patrimonios individuales ilícitamente».
Además de esto, denuncia que Juan Grabois y su hermana compraron un terreno por cinco millones de pesos en Luján y que gracias a un cambio de rezonificación en el concejo Deliberante de la ciudad, pasando el mismo de zona Rural a zona Urbana, dándole la posibilidad de convertir el humilde lote de zona rural, en 25 lotes en zona urbana, con una cotización actual de más de Un Millón de Dólares (U$D 1000.000.000)»,
