Tras la marcha universitaria, el presidente Javier Milei mantuvo su postura y vetó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada el pasado 13 de septiembre. El argumento del mandatario es que es un gran gasto para el Estado que no tiene un financiamiento claro, una postura que mantiene desde hace meses. Sin embargo, los diputados opositores a él convocarán a una sesión especial para el miércoles 9 de octubre en la que buscarán rechazar el veto del líder de La Libertad Avanza.
La situación no es tan sencilla como parece, porque para que efectivamente se rechace el veto del presidente, dos tercios del recinto debe votar en favor del rechazo. Esto quiere decir que entre Unión Por La Patria, Frente de Izquierda y otros bloques opositores deben reunir 171 votos de los 254 disponibles que tiene la Cámara Baja.
En este contexto, Diputados quedó divido en tres bloques: a favor, en contra y en análisis. La situación no es para nada sencilla y los números que traza cada sector son muy finos porque es una incógnita cómo votará cada diputado, más allá del partido al que represente, porque hay cuestiones políticas y personales por detrás que también juegan en este contexto.
Diputados: negociaciones y disputas
La Libertad Avanza y el sector más duro del PRO acompañarán el veto de Javier Milei, aunque hay otro sector del espacio macrista que no está del todo convencido de votar de esa manera e incluso analizan la posibilidad de ausentarse a la sesión. Lo que sucede es que muchos se han recibido en universidades públicas o son docentes de las mismas y acompañar el veto para días después ir a dar clases podría ser un motivo de conflicto para ellos y quieren evitar esa situación.
Sumado a esto, Milei mantiene su posición que con 87 diputados nacionales puede sostener el veto, al igual que ocurrió con la ley de Movilidad Jubilatoria. En esa jornada fueron 153 votos a favor de la ley, 87 en contra y 8 abstenciones, lo que le terminó dando el pulgar arriba al presidente. Sin embargo, esta situación es distinta porque también se esperan movilizaciones en las afueras del Congreso de la Nación, para ejercer presión sobre los diputados.
Entre kirchnerismo y radicalismo juntan 104 diputados, un número bueno pero alejado de los 171 necesarios para rechazar el veto. Es por ello que ya negocian con la Coalición Cívica y los «dudosos» del PRO para llevarlos a su bando en esta votación. De ser así, esos «87 héroes» que felicitó Milei en su momento podrían romperse, aunque nada les garantiza que se vaya a rechazar el veto, por lo que se vienen días de mucha incertidumbre en el Congreso.
Qué dice la ley
La ley establece garantizar la recomposición de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir del 1 de diciembre de 2023 hasta agosto de 2024, según el índice de inflación del INDEC. Esto multiplicado por las 62 universidades nacionales, más los empleados de cada una de ellas representa el 0,14% del PBI, un número que el presidente no quiere entregar porque no tiene un financiamiento por detrás.
