El Gobierno Nacional anunció la implementación por decreto que prohíbe el ingreso a cargos en el Estado nacional por vínculos familiares o afinidad política. La medida busca poner fin a los “privilegios heredados” en la administración pública y establecer un sistema de contrataciones basado en la equidad y la transparencia.
Con la normativa 959/2024 publicada en el Boletín Oficial, se elimina la posibilidad de acceder a empleos estatales mediante relaciones de parentesco, influencia o conexiones políticas. En su lugar, todos los procesos de selección deberán ser abiertos al público en general y se basarán en un esquema de mérito y competencia, detalló el Poder Ejecutivo en su comunicado.
Además, el decreto estipula la creación de comités de evaluación independientes, que serán responsables de supervisar los concursos y garantizar que las designaciones sean imparciales. Estos comités deberán emitir informes públicos sobre cada proceso de selección, promoviendo así la transparencia y asegurando la idoneidad de los seleccionados.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa, se implementarán auditorías internas y periódicas. La Oficina Anticorrupción será la encargada de verificar que no existan interferencias indebidas en los procesos de selección y de monitorear que las reglas de transparencia se cumplan en todas las etapas de contratación.
Duras sanciones para los funcionarios del Estado nacional que no cumplan el decreto
En caso de irregularidades, el decreto establece un régimen de sanciones que incluye desde la suspensión hasta la destitución de los funcionarios involucrados en prácticas de nepotismo o favoritismo. Estas medidas, de acuerdo al Gobierno, son una respuesta a las demandas sociales por mayor transparencia y justicia en el acceso a cargos públicos.
El Decreto 959/2024 también estipula que todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser accesibles a toda la ciudadanía y especificar claramente los requisitos para cada puesto. Este enfoque pretende reducir el favoritismo y asegurar que cualquier ciudadano pueda competir en igualdad de condiciones.
