En medio de las crecientes protestas por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó una advertencia directa a los rectores de las universidades. El funcionario del Gobierno nacional, que depende del Ministerio de Capital Humano, señaló que las autoridades universitarias serán responsables de cualquier incidente que ocurra durante las manifestaciones, las cuales incluyen tomas de facultades y clases públicas.
«Los rectores son funcionarios públicos electos democráticamente, y no pueden desentenderse de los problemas que ocurren en sus jurisdicciones«, afirmó Álvarez en declaraciones a Todo Noticias. En ese contexto, enfatizó que los rectores no deben permitir que «grupos extremistas» tomen el control de las instituciones.
Las declaraciones de Álvarez se producen en un clima de creciente tensión en el sistema universitario, con más de 35 universidades en todo el país afectadas por tomas impulsadas por estudiantes y docentes que reclaman mejoras salariales y rechazan la postura del gobierno sobre el financiamiento de la educación superior. En ese sentido, el subsecretario advirtió que el Ministerio de Capital Humano está dispuesto a intervenir para proteger a aquellos alumnos y docentes que desean continuar con las clases.
La postura de Álvarez se alinea con lo expresado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien recientemente declaró que «tomar una universidad es un delito» y agregó que el lugar adecuado para discutir los fondos destinados a la educación superior es el Presupuesto 2025. Adorni también expresó su apoyo a la mayoría de los miembros de la comunidad educativa que buscan que las universidades sigan funcionando normalmente.
Las tomas y protestas, que han escalado en los últimos días, reflejan el malestar generado por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ha sido ampliamente criticada por sectores estudiantiles y académicos. En respuesta, el gobierno ha reafirmado su compromiso de garantizar que las universidades sigan operando y que el debate sobre el financiamiento se canalice a través de las instituciones correspondientes.
