El pasado 20 de octubre de 2024, el Gobierno nacional anunció la modificación en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (Ley N°26.165). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2024, el gobierno dejó de reconocer como refugiados a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, actos contrarios a las directrices de la ONU, así como a aquellos que inciten o participen en delitos.
Esta decisión se tomó en un contexto donde un número significativo de migrantes presentaba solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) por motivos que, según las autoridades, no se alineaban con la definición de refugiado establecida por la ley. «Esto hace que, por la lentitud del procedimiento administrativo y del proceso judicial, obstruya y dilate los trámites de aquellas personas que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado argentino», se indicó.
El DNU también establece que la condición de refugiado podrá cesar por diversas razones. Entre ellas, se incluyó el acogimiento a la protección del país de nacionalidad del solicitante y la recuperación de una nacionalidad previamente perdida. Asimismo, la adquisición de una nueva nacionalidad que otorgue protección, el establecimiento en el país habitual abandonado y la residencia en otro país también llevaron a la cesación del estatus de refugiado, siempre que no existiera un temor fundado de persecución.
La CONARE, como organismo responsable de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado, ahora tendrá la facultad de otorgar un plazo razonable para que aquellos que pierdan su condición regularicen su situación migratoria o abandonen el país. Esta reforma ha generado diversas reacciones en la sociedad argentina. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para asegurar que el sistema de refugio no sea mal utilizado, otros advierten sobre el riesgo de que se desproteja a quienes realmente necesitan ayuda.
El problema con Brasil
Esta resolución no llegó en cualquier momento. Justamente, hay un conflicto firme con Brasil por el caso de 63 militantes de Jair Bolsonaro que solicitaron asilo en Argentina. De hecho, el gobierno brasileño envió un pedido formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para la extradición de estos militantes y activistas, quienes residen en Argentina como refugiados o ingresaron de manera irregular al país para evitar ser detenidos.
