La Corte Suprema del Reino Unido condenó a la Argentina a pagar 1.300 millones de euros por la manipulación de estadísticas públicas en 2013, durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Esta sentencia es el resultado de una demanda presentada por bonistas internacionales, quienes acusaron al país, que en su momento gobernaba el kirchnerismo, de modificar los datos del Producto Bruto Interno (PBI) en el Indec para evitar pagarles un beneficio adicional.
El especialista Sebastián Maril confirmó la decisión a través de su cuenta en «X» (antes conocida como Twitter) y dijo: «Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido en el caso Cupón PBI». Maril también indicó que ahora «los beneficiarios ejecutarán la garantía por 313 millones de euros que la Argentina depositó en marzo con una Carta de crédito emitida por el Santander», un dinero que se había reservado para esta instancia judicial.
La controversia se originó en una demanda impulsada por cuatro fondos de inversión, quienes poseían títulos emitidos en el canje de deuda de 2005. Estos títulos otorgaban a los acreedores el derecho a cobrar un pago adicional si el PBI de Argentina superaba el 3,3% de crecimiento anual. Según los bonistas, el país modificó la metodología de cálculo del PBI en 2013 para evitar cumplir con esa obligación.
El cambio en la forma de cálculo del PBI, realizado en el último trimestre de 2013, mostró un crecimiento del 3,2%, justo por debajo del umbral necesario para activar el pago adicional a los tenedores de bonos. Esta modificación fue vista por los acreedores como una maniobra deliberada para evadir los compromisos financieros, lo que los llevó a presentar la demanda ante los tribunales de Londres.
Guillermo Moreno y Axel Kicillof eran los funcionarios que representaban al Ministerio de Economía en 2013
La manipulación de los datos económicos se atribuye a la influencia directa del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien era señalado por su injerencia en el INDEC, el organismo encargado de las estadísticas. Asimismo, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se desempeñaba como ministro de Economía en ese momento, coincidiendo con el cambio en los cálculos.
Con esta decisión, el gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de decidir si abonará los 1.300 millones de euros más los intereses que establece la sentencia. Maril agregó que el monto podría aumentar aún más dependiendo de las tasas de interés aplicadas desde la fecha del fallo original.
Esta nueva condena se suma a otras demandas internacionales que enfrenta la Argentina por conflictos relacionados con su deuda y manipulación de datos económicos. La sentencia no solo impacta en términos financieros, sino que también pone de relieve la desconfianza generada por las estadísticas públicas durante los últimos años de la gestión kirchnerista.
