El Gobierno nacional anuló el acuerdo que cedía terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, que queda en Bariloche (Río Negro), a grupos mapuches. La decisión se dio a conocer el día después de que se dictara la condena a siete miembros de la misma comunidad, quienes habían tomado ilegalmente tierras del parque en 2017.
«Argentina no negocia con terroristas», expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona que confirmó la noticia en las red social X. El funcionario nacional explicó que la cesión de tierras, realizada durante el gobierno anterior, había sido completamente anulada, e instó a las fuerzas de seguridad a desalojar a los ocupantes.
«Anulamos de forma definitiva la cesión realizada por el gobierno anterior e incitamos a las fuerzas de seguridad a que desalojen esas tierras de sus usurpadores», señaló Cúneo Libarona, marcando un cambio radical en la postura del Estado frente al conflicto territorial en la Patagonia.
La historia de usurpación de los mapuches comenzó en 2017
La controversia por estas tierras se remonta a 2017, cuando miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu ocuparon 7 hectáreas del Parque Nahuel Huapi. El gobierno de Mauricio Macri había iniciado acciones judiciales a través de Parques Nacionales, pero durante la administración de Alberto Fernández, bajo la intervención de Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, se detuvo el proceso judicial. En lugar de continuar con los desalojos, el gobierno anterior había optado por crear una mesa de diálogo con las comunidades mapuches.
El acuerdo en cuestión, promovido durante la «Mesa de Diálogo con comunidades del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche de la Patagonia», buscaba reconocer el REWE como un sitio sagrado para la comunidad mapuche, permitiendo a la Machi Betiana Colhuan realizar tareas espirituales en el lugar. Sin embargo, Cúneo Libarona criticó duramente esta decisión y afirmó que «grupos autodenominados mapuches» venían tomando a la fuerza tierras «públicas y privadas», y que el gobierno anterior regaló «tierras del Estado».
El ministro también subrayó que los grupos mapuches involucrados en este conflicto han cometido varios actos de vandalismo y destrucción en propiedades públicas y privadas. En 2022, la comunidad Lafken Winkul Mapu fue señalada por el incendio intencional de la cabaña «Los Radales» y un puesto de Gendarmería en Río Negro. Estas acciones, aseguró Cúneo Libarona, no solo afectan al patrimonio nacional, sino también a los derechos de todos los ciudadanos.
La posición del Gobierno actual es clara: no habrá más concesiones territoriales a grupos que, según el ministro, operan al margen de la ley. El conflicto con las comunidades mapuches sigue siendo uno de los puntos más álgidos en la relación entre el Estado y los pueblos originarios en la Argentina.
