El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, salió con los tapones de punta este martes contra la dos veces mandataria Cristina Kirchner al dar cuenta del impacto negativo que implica para la Argentina la resolución de la Corte Suprema del Reino Unido de desestimar un pedido de apelación del país en la causa conocida como “cupón PBI”. En este sentido, el funcionario apuntó a “la manipulación de datos del Indec durante el gobierno de Cristina Kirchner”.
“La Corte Suprema del Reino Unido desestimó un pedido de la Argentina para que le permita apelar la sentencia que obliga al país a pagar US$1.500 millones por la manipulación de datos del Indec durante el gobierno de Cristina Kirchner”, enunció Francos en un posteo en X. Y explicó: “Esta causa es arrastrada desde 2013, cuando el Gobierno de la expresidente modificó la forma de calcular el PBI para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de bonos emitidos en ocasión de los canjes de deuda de 2005 y 2010”.
Acto seguido, el ministro coordinador disparó: “Las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país.”. En esta línea, el funcionario aseguró: “Estamos analizando minuciosamente, con nuestros asesores legales, las consecuencias de esta determinación y los pasos a seguir“. “Es nuestro mayor compromiso trabajar día a día para volver a ser un país serio para el mundo”, concluyó.
En qué consiste el fallo contra Argentina
La sentencia es por una demanda de cuatro fondos de inversión con tenencia de títulos emitidos en el canje de 2005 que les otorgaba a los acreedores el beneficio de cobrar un adicional en caso que el PBI argentino creciera por encima del 3,3% anual. Los litigantes argumentaron que el país modificó en 2013 la forma de cálculo de su PBI para evitar que sobrepase ese techo y evitar ese pago. Tras el fallo, ahora la gestión de Milei deberá decidir si abonará o no los € 1.330 millones (unos US$ 1.500 millones) más intereses.
En Reino Unido, la Argentina perdió en 2013 un juicio que habían iniciado cuatro años antes los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Ellos reclamaban un total de US$ 636 millones, pero el fallo de abril de 2023 amplió su alcance al universo total de acreedores (incluso los que no habían comenzado una acción legal).
Por eso, el número ascendió hasta superar los € 1.330 millones. A fines de marzo, el Gobierno había apelado la sentencia y para hacerlo tuvo que crear un fideicomiso y depositar allí US$ 337 millones como garantía. El intento tuvo un revés en junio, con la Cámara de Apelaciones y ahora con la Corte Suprema inglesa. Este mismo caso también generó reclamos en Estados Unidos.
Sin embargo, la jueza Loretta Preska -la misma que ordenó al país pagar US$ 16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF- falló a favor del país y desestimó la causa por un tecnicismo. En respuesta, el fondo Aurelius ya presentó una nueva demanda contra el país por el mismo caso. Esta vez reclaman US$ 1.300 millones.
