El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, ordenó a las entidades del Sector Público Nacional a intimar a sus empleados que cumplan con los requisitos legales para iniciar los trámites de jubilación en un plazo de 30 días. Esta medida marca un avance en la estrategia del gobierno para reducir el tamaño del Estado y profundizar el ajuste fiscal.
La Resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, tiene como objetivo principal disminuir la estructura estatal y transparentar el gasto público. En este sentido, Sturzenegger ha sido claro al señalar que este proceso es una prioridad del gobierno.
El texto oficial establece que los titulares de los organismos descentralizados, entes públicos y entidades mencionadas en el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 deben notificar a los empleados que cumplan con las condiciones de jubilación previstas en el sistema previsional argentino. Estos trabajadores tendrán 30 días para iniciar los trámites correspondientes, lo que podría resultar en una ola de retiros masivos dentro del Estado.
La Resolución de Sturzenegger abarca a toda institución o empresa que pertenezca al Estado nacional
Además de los organismos de la administración central, la norma también se extiende a las empresas y sociedades del Estado, incluidas aquellas en las que el Estado tiene participación mayoritaria. De esta forma, empresas del Estado como por ejemplo AySA, sociedades de economía mixta y otras organizaciones empresariales con capital estatal deberán aplicar la misma medida a sus empleados que ya estén en condiciones de jubilarse.
Esta decisión ha generado diversas reacciones entre los sectores gremiales y los propios empleados estatales, quienes temen que esta política termine debilitando áreas claves del Estado y afecte la provisión de servicios públicos esenciales.
Sturzenegger, conocido por su enfoque liberal y ajustador, ha defendido la medida argumentando que se trata de un paso indispensable para “liberar recursos” y permitir una mayor inversión en áreas que consideren prioritarias para el desarrollo del país.
A medida que avancen las intimaciones, se espera que en las próximas semanas comiencen a registrarse los primeros retiros de empleados estatales bajo este nuevo marco, lo que podría generar un impacto inmediato en la dinámica del sector público en la Argentina.
