El presidente Javier Milei ordenó acelerar el proceso de privatización de 59 empresas estatales, que analizó la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher. Este equipo de 30 profesionales evalúan el futuro de cada compañía y estiman que para 2025 ya podrán avanzar con la venta de parte de cada compañía, entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, AySA y Arsat.
La política de privatización de Milei busca reducir el control estatal sobre diversas áreas estratégicas de la economía, y según el entorno del presidente, se trata de «cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos». Aunque algunas de estas empresas sean rentables, el gobierno sostiene que, si permanecen bajo control público, volverían a convertirse en entidades deficitarias debido a la intervención política.
El proceso contempla seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos. En este contexto, las autoridades han planteado tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se estima que todo el proceso podría completarse en aproximadamente 6 a 8 meses, según indicaron a Ámbito.
Cada empresa que aparece en la lista será evaluada y considerarán su viabilidad económica, oportunidades de negocios y los sectores de interés que podrían atraer potenciales inversores. En este marco, ya han avanzado con algunos casos, como puede ser AySA busca atraer a un operador que asuma la gestión de la empresa con la posibilidad de abrir su capital en Bolsa. Para Arsat, planean vender el 49% del capital accionario, manteniendo en manos del Estado el otro 51%.
Otras de las empresas que se evalúan privatizar son Intercargo, ENARSA, Fabricaciones Militares, Banco Nación y Banco Hipotecario. El caso de Aerolíneas Argentina es más controversial porque ya inició la resistencia a su privatización y el Gobierno nacional considera que no podrán privatizarla en su totalidad en el corto plazo, por lo que una opción es cederla a sus empleados y otra que sea una sociedad estatal con parte privada.
A pesar de los desafíos, el Gobierno sostiene que las privatizaciones son un paso crucial para avanzar en la modernización y eficiencia del aparato estatal. Según el equipo de Milei, incluso aquellas empresas que actualmente son rentables, como Aerolíneas, corren el riesgo de convertirse en deficitarias si permanecen bajo control público.
Uno de los puntos que destaca el gobierno es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado. A su vez, la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.
