El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a llevar la discusión sobre el financiamiento universitario a la Justicia si el Congreso de la Nación logra revertir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. «Lo vamos a apelar porque está mal», sentenció Caputo en una entrevista con el canal LN+, aludiendo a la falta de una fuente clara de financiamiento para el aumento presupuestario propuesto.
El conflicto se desató luego de que el Congreso aprobara una ley para aumentar el presupuesto destinado a las universidades públicas, una medida que fue vetada por el Ejecutivo bajo el argumento de que no estaba acompañada de un mecanismo de financiación adecuado. Caputo se mostró firme en su postura, señalando que «lo que dice la Ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique«..
El debate por los recursos universitarios
El ministro subrayó que, en caso de que el Congreso insista en revertir el veto, el Gobierno acudirá a la Justicia o a instancias administrativas para frenar la medida, siempre «dentro del marco de la ley». Caputo insistió en que el ámbito adecuado para debatir este tipo de aumentos presupuestarios es la Ley de Presupuesto, la cual regula los gastos del Estado con base en la capacidad de financiamiento.
Uno de los puntos más controversiales que el ministro trajo a colación fue el gasto público en ciertas universidades. Citó el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que, según sus palabras, recibió un presupuesto considerable a pesar de contar con un bajo número de alumnos. «Desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard«, ironizó Caputo, buscando evidenciar lo que considera un mal manejo de los recursos.
La disputa por el financiamiento universitario
El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y académico, donde muchos sostienen que las universidades necesitan un mayor apoyo presupuestario para mejorar sus infraestructuras y expandir sus programas académicos. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha defendido la necesidad de mantener un control estricto del gasto público en medio de la crisis económica, y ha argumentado que cualquier incremento debe estar respaldado por fuentes claras de financiamiento.
La discusión ahora se centra en si el Congreso tiene los votos suficientes para superar el veto del presidente y avanzar con la medida, lo cual podría desencadenar una batalla legal. Mientras tanto, el futuro del financiamiento universitario sigue siendo un tema clave en el debate público, con implicaciones tanto para la educación superior como para la política económica del país.
En este contexto, la postura de Caputo refuerza la estrategia del Gobierno de frenar cualquier gasto adicional que no esté debidamente financiado, y anticipa un largo enfrentamiento en los tribunales si el Congreso decide insistir en la norma.
