La Cámara de Diputados se apresta a debatir este martes el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, enfrentando un escenario de alta tensión con los gremios aeronáuticos, quienes, junto con otros sindicatos del transporte, han convocado a un paro nacional para el miércoles. El proyecto será discutido desde las 11 en un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, lideradas por la diputada radical Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert, respectivamente.
El oficialismo tiene como objetivo aprobar el proyecto antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre, informó NA. Para lograrlo, el bloque de gobierno busca conciliar posiciones con las bancadas dialoguistas y acordar el dictamen definitivo. Actualmente, existen tres iniciativas en discusión: una presentada por el Poder Ejecutivo, otra por Hernán Lombardi, legislador del PRO, y una tercera por Juan Manuel López de la Coalición Cívica.
Un conflicto gremial que caldea el debate
El proceso legislativo de la privatización de la aerolínea de bandera se produce en un contexto de fuerte rechazo por parte de los sindicatos aeronáuticos, que han venido realizando paros en las últimas semanas, ocasionando suspensiones y retrasos en los vuelos. Esta situación ha contribuido a tensar el debate, dado que el Gobierno sostiene que los paros han generado malestar en los usuarios y podrían jugar a favor de la privatización.
La audiencia de este martes será de carácter informativo, con la participación de especialistas y representantes sindicales, ya que hasta el momento sólo han expuesto funcionarios del Gobierno. Sin embargo, no se espera que se emita dictamen de inmediato debido a que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aún no ha alcanzado un consenso con sus aliados. En particular, la Coalición Cívica y Encuentro Federal han propuesto tomar como base el proyecto de Juan Manuel López, que establece mayores restricciones para la venta de Aerolíneas Argentinas, mientras que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda se oponen de manera categórica a la privatización.
Una estrategia de desregulación que incluye a Aerolíneas Argentinas
Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno ha implementado medidas para desregular el mercado aeronáutico. En julio, emitió un decreto que abrió el sector aeroportuario a la competencia, eliminando el monopolio de Intercargo en los servicios de rampa. También liberalizó las tarifas y la frecuencia de vuelos. En octubre, el Ejecutivo publicó un decreto en el Boletín Oficial que declaraba a Aerolíneas Argentinas como «sujeta a privatización», sentando las bases para el debate que ahora se lleva a cabo en el Congreso.
Además, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, advirtió que si el Congreso rechaza la privatización, el Gobierno avanzará con una transferencia de la empresa a sus empleados, una medida que aumentaría la presión sobre los gremios y los legisladores que se oponen a la venta. “Si el Congreso dice que no, vamos a avanzar con una transferencia a los empleados. Ahí van a tener que recoger el guante y quedan ellos a cargo de la empresa”, declaró Sturzenegger.
Un panorama mixto en el mercado internacional
Aerolíneas Argentinas se encuentra entre las pocas aerolíneas que siguen en manos del Estado. En la mayoría de los países, las aerolíneas cuentan con una fuerte participación privada. Ejemplos de aerolíneas estatales que han mantenido su control en el mercado global incluyen Air China, China Airlines, Boliviana de Aviación, Ethiopian Airlines, Emirates, Etihad, Ita Airways, Air New Zealand, Air Serbia, Singapore Airlines y Swiss Air.
Con esta realidad de fondo, el debate en el Congreso argentino refleja no sólo un conflicto político y económico, sino también un choque entre visiones sobre el rol del Estado en la aviación comercial. El oficialismo espera que la desregulación traiga mejoras en la eficiencia del sistema y más opciones para los consumidores, mientras que la oposición y los gremios argumentan que la privatización pondrá en riesgo la conectividad y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.