La Fiscalía que investiga por violencia de género al expresidente Alberto Fernández suspendió la declaración de dos empleadas de la Quinta de Olivos que estaban citadas como testigos. Esta decisión se tomó tras un planteo de la querella de la exprimera dama Fabiola Yáñez, quien plantea una posible violación a la confidencialidad que se firma cuando se ingresa a trabajar a la residencia.
El fiscal federal Ramiro González resolvió al respecto citar a declarar como testigo al escribano que firmó actas donde cinco testigos de la defensa hicieron exposiciones de manera privada en su escribanía, que se guardaron en sobres cerrados y luego se entregaron en la Justicia. El escribano tendrá que presentarse durante esta jornada en la fiscalía ubicada en el quinto piso de Comodoro Py.
Mariana Gallego, abogada de Fabiola Yáñez, presentó un escrito en el que cuestionó la legalidad de las testimoniales de las actuales y exempleadas de la Quinta de Olivos que propuso, en todos los casos, la defensa de Alberto Fernández porque la ex primera dama no las relevó de su deber de guardar confidencialidad, según informa Noticias Argentina.
Próximos avances en el caso Alberto Fernández
Por otra parte, el martes 8 de octubre se realizará un peritaje sobre el teléfono de Fabiola Yáñez, un trámite que involucra a la Fiscalía de España y extraerá la información para luego enviarla a la Justicia Argentina. El trámite estará a cargo del Ministerio Público español y luego la «copia forense» de los datos será remitida a la fiscalía de González para su análisis, en particular los mensajes entre la exprimera dama y el expresidente.
La rogatoria se firmó luego que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de queja de la defensa de Alberto Fernández, quien se oponía a este trámite a la distancia. En su argumento, afirmaron que el peritaje debía realizarse en suelo argentino para garantizar el derecho a defensa y el «debido proceso» con el fin de «garantizar la integridad de la evidencia», un «mayor control de la cadena de custodia» y minimizar los «riesgos de manipulación o contaminación de los datos».
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que «ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable» ni arbitrariedad. De este modo, la causa contra el líder del Partido Justicialista (PJ) continúa y con varios avances para las próximas semanas también.
