El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, impulsó este martes la creación de una Asignación Universal por Discapacidad durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. En su intervención, el exministro de Desarrollo Social denunció recortes en las pensiones destinadas a personas con discapacidad y advirtió sobre un “retroceso en las políticas” relacionadas con este sector.
Arroyo criticó al Gobierno por implementar medidas que, a su juicio, vulneran los derechos de las personas con discapacidad. “El presupuesto 2025 contempla un recorte en las pensiones no contributivas, lo que implica un retroceso muy fuerte para los derechos de este sector«, señaló. Según el diputado, las políticas actuales no están garantizando la protección adecuada de las personas más vulnerables, y subrayó la urgencia de revertir esta tendencia.
Preocupaciones por los recortes y el contexto internacional
Durante la reunión, que contó con la participación virtual de Amalia Gamio, del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, se enfatizó que Argentina está «retrocediendo» en la implementación de las recomendaciones internacionales. En marzo de 2023, el Comité de la ONU había instado al país a fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad, pero, según Gamio, la disolución del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas para Personas con Discapacidad y su transferencia al Ministerio de Salud ha significado un paso atrás en esos compromisos.
Por su parte, Belén Arcucci, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), alertó sobre una caída significativa en los recursos destinados a pensiones no contributivas para el año 2025, calculando una disminución del 39% en comparación con años anteriores. Según Arcucci, se proyecta un total de 1.034.447 pensiones, en contraste con las 1.212.187 que actualmente están en curso.
Las barreras de inclusión y la vulnerabilidad infantil
Otro de los temas clave abordados en la reunión fue la exclusión social que enfrentan las personas con discapacidad. Livia Ritondo, directora General de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, subrayó que “la inclusión real de las personas con discapacidad requiere la eliminación de barreras físicas, mentales y sensoriales”, de modo que puedan participar plena y efectivamente en la sociedad. A esta visión se sumó Marcelo Greco, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, quien destacó la «doble vulnerabilidad» que enfrentan los niños en situación de discapacidad, haciendo hincapié en la falta de legislación adecuada para proteger sus derechos.
Llamado a una nueva ley y la situación económica
El pedido de una reforma legislativa fue reforzado por diversas voces durante el encuentro. El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, llamó a derogar el decreto 843/2024, que restringe el acceso a las pensiones, y abogó por “una nueva ley que cambie el panorama” y brinde una solución estructural a largo plazo.
El impacto económico sobre las personas con discapacidad también fue abordado. Joaquín Castro Valdez, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que estas personas enfrentan «necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio», lo que agrava aún más su situación en el contexto económico actual.
Ampliación del debate y nuevos desafíos
El debate contó además con la participación de varios representantes de organizaciones internacionales y locales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y diversas asociaciones civiles y universidades. Todas las intervenciones coincidieron en la urgencia de revisar las políticas actuales y garantizar que las personas con discapacidad no queden relegadas en un contexto de ajuste económico.
La propuesta de Arroyo y las denuncias expuestas durante la reunión subrayan la necesidad de un cambio profundo en las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, buscando no solo la protección de derechos adquiridos, sino también la creación de mecanismos que aseguren la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad argentina.
