Un reciente movimiento en el ámbito judicial podría favorecer a Cristina Kirchner en sus aspiraciones políticas para el próximo año. La Cámara de Casación había confirmado la condena contra la ex presidenta por hechos de corrupción, con un plazo inicial para apelar que vencía el 28 de noviembre. Sin embargo, las defensas de Lázaro Báez y otros acusados condenados solicitaron una prórroga, la cual fue concedida hasta el 17 de febrero. Este aplazamiento retrasa la llegada del caso a la Corte Suprema y permite que el análisis del máximo tribunal ocurra después de junio, ya en pleno año electoral.
Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, notificó en los tribunales de Comodoro Py su intención de apelar el fallo que ratificó la acusación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, imponiendo una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Antes de formalizar su apelación, Báez, condenado en el mismo expediente, solicitó más tiempo para presentar su recurso.
La Sala IV de la Cámara de Casación, que revisó y confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, accedió a otorgar una extensión de 30 días hábiles. La resolución, firmada por el juez Gustavo Hornos, establece: “Considerando las particularidades del caso y con el objeto de garantizar de la mejor manera el derecho de defensa en juicio, concédase a todas las partes una prórroga por el término de 30 días hábiles a contar desde su vencimiento original”.
Implicaciones en el calendario judicial y electoral
Este nuevo plazo fija el 17 de febrero como fecha límite para que las once defensas de los imputados y el Ministerio Público Fiscal, representado por Mario Villar, presenten sus recursos de apelación. La prórroga dilata el avance del expediente hacia la Corte Suprema de Justicia, instancia que dará firmeza o no al fallo y determinará su cumplimiento efectivo.
Mientras tanto, CFK deberá presentarse este lunes en Comodoro Py para notificarse personalmente del fallo, según lo dispuso la Cámara de Casación en su resolución de 1.542 páginas.
Con las nuevas fechas, es probable que las presentaciones ante la Corte Suprema ocurran después de la feria judicial de invierno, es decir, a partir de agosto de 2025. Esto implica que, hasta entonces, el fallo no será de cumplimiento efectivo, permitiendo a la expresidenta participar en las elecciones del próximo año si así lo desea.
Debate sobre la conformación de la CSJN
Una pregunta que surge es cuál será la composición de la Corte Suprema cuando deba analizar el caso. Se sabe que el ministro Juan Carlos Maqueda se jubilará en diciembre de este año, y el presidente Javier Milei ha propuesto a Manuel García-Mansilla para ocupar esa vacante. Sin embargo, su nombramiento requiere el acuerdo del Congreso, donde se necesitan dos tercios de los votos para su aprobación.
Las negociaciones en el ámbito legislativo podrían involucrar al kirchnerismo y a los libertarios, quienes también discuten la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Si no se logra el consenso necesario, Milei no descarta la designación por decreto de nuevos integrantes del máximo tribunal.
Ficha Limpia y posible candidatura
Con los plazos judiciales extendidos, la exvice podría presentarse como candidata en 2025, a menos que el Congreso apruebe el proyecto de Ficha Limpia. Esta iniciativa establece que una persona con una condena por corrupción confirmada en segunda instancia no puede ser candidata a cargos públicos. No obstante, hasta que la sentencia no sea firme por parte de la Corte Suprema, la inhabilitación no es efectiva.
Si las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se mantienen como sistema electoral, el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante la Junta Electoral Partidaria vence en mayo. Para entonces, es improbable que la Corte haya emitido un fallo definitivo sobre su situación judicial.
Detalles de la sentencia y próximos pasos
La Cámara de Casación confirmó que, entre 2003 y 2015, se llevó a cabo una maniobra fraudulenta a través de 51 licitaciones públicas para obras viales en Santa Cruz, adjudicadas sistemáticamente a empresas vinculadas a Báez. Según el fallo, esta operación perjudicó los intereses económicos de la administración pública nacional.
La fiscalía, representada por Villar, sostiene que durante ese período funcionó una asociación ilícita. Aunque la Cámara de Casación no acusó a Kirchner como jefa de dicha asociación, sí ratificó su condena por administración fraudulenta.
Con la prórroga concedida, las defensas y el Ministerio Público Fiscal tienen hasta el 17 de febrero para presentar sus recursos. Posteriormente, la Cámara de Casación deberá resolver sobre estos planteos. Si los recursos son rechazados, las partes podrán interponer una queja ante la Corte Suprema, lo que extendería aún más los tiempos del proceso.
