La investigación originada a raíz de la denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre el mal uso de fondos públicos destinados a comedores populares sigue revelando irregularidades graves. Durante la rendición de cuentas de la «Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante», se detectó una factura por la compra de barbijos, emitida el 6 de enero de 2021 por un empleado de la Municipalidad de San Vicente. Lo llamativo es que se trataba de la factura número 1 y el monotributo del proveedor se había registrado apenas tres meses antes.
Además, la misma organización presentó facturas emitidas por otro empleado municipal, esta vez vinculado a Lomas de Zamora, quien en junio de 2021 facturó por la venta de alimentos. Las facturas fueron firmadas por el titular de la asociación, Santiago Vestfrid. Según la información comercial disponible, este empleado aparece registrado en la AFIP con actividades como «emisión y retransmisión de radio» y «servicios complementarios de apoyo turístico».
Detalles de la causa
Estas irregularidades fueron descubiertas por la Oficina Anticorrupción (OA), encargada de revisar las rendiciones de los comedores populares que recibían alimentos y subsidios millonarios del Estado. El informe, que forma parte de una causa judicial en manos de la Fiscalía a cargo de Ramiro González. Y la cual sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar en imputaciones contra referentes de distintas organizaciones sociales. Así como también contra exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social por falta de controles. Sin embargo, la causa aún no cuenta con imputados concretos.
Entre las anomalías también se detectó una factura clonada: dos proveedores de la provincia de San Juan emitieron facturas por el mismo monto el mismo día, mientras que en otro caso, las facturas idénticas fueron emitidas en distintas fechas. Además, el informe identificó repetición de proveedores entre diferentes organizaciones, como «Brumar». Y que figuraba vendiendo productos tanto a «El Amanecer de los Cartoneros» como a la asociación «18 de Mayo».
La investigación detectó también a varios proveedores que estaban inscriptos en rubros que no coincidían con los productos que facturaban. Por ejemplo, un proveedor registrado para «transporte de mercaderías a granel» terminó facturando alimentos. Al mismo tiempo, una carnicería inscripta para la venta al por menor de carnes frescas emitió facturas de almacén en cantidades mayoristas. Además, se descubrió que el dueño de la verdulería «La Familia», que facturaba al Estado, trabaja también en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Denuncia del Ministerio de Capital Humano
El informe de la OA se enmarca en la causa iniciada tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano. La misma reveló que casi la mitad de los comedores registrados nunca operaron o dejaron de hacerlo. Además, que más de un cuarto de los datos de la preinscripción no coincidían con los registros reales. La OA solicitó la colaboración de organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ) y el INAES para profundizar en la investigación de estas asociaciones. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha considerado que existan elementos suficientes para adoptar medidas.
