El Gobierno oficializó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), organismo del Estado que desde 1995 se dedicaba a planificar, ejecutar y administrar proyectos de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, fue firmada por Guillermo Francos y Luis Caputo, y responde a la necesidad de concentrar las obras bajo una única administración.
El Ministerio de Economía había señalado al Enohsa como un «foco de corrupción» y anticipó su desmantelamiento en el marco del plan de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, este organismo acumulaba una gran cantidad de proyectos que, por su volumen y dispersión, resultaban difíciles de auditar. «En la Subsecretaría de Servicios Hídricos había 184 obras; en el Enohsa, casi 1.500», comentó el titular de Economía al justificar el cierre de la entidad, a la cual consideró una «caja» política. El hecho se consumó bajó el decreto 1020/24.
En un comunicado emitido hoy, el Ministerio de Economía explicó que la disolución del Enohsa tiene como objetivo consolidar en un solo espacio la planificación y el control de todas las obras hídricas, con el fin de lograr una mayor transparencia y optimización en el uso de los recursos. «Se busca así evitar la superposición de funciones y centralizar la gestión de los proyectos hídricos para un mejor control», detallaron.
«Foco de corrupción»: la razón detrás del cierre
La administración nacional considera que una estructura centralizada permitirá una coordinación más efectiva de las políticas de administración de los recursos hídricos, lo cual facilitará la supervisión y asegurará que los recursos humanos y materiales sean utilizados de manera eficiente. Esta reestructuración busca también optimizar el gasto público en un contexto de ajuste fiscal.
Los recursos materiales y financieros del Enohsa serán transferidos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, para que continúe con los proyectos iniciados bajo el esquema de una administración unificada. «De esta manera, se asegura que el Estado utilice sus recursos de manera eficiente y se eviten duplicaciones de funciones», establece el decreto.
Esta decisión ha generado repercusiones entre diversos sectores que alertan sobre la importancia de mantener un control directo y especializado en proyectos de infraestructura hídrica, dada su relevancia para garantizar el acceso al agua potable en todo el país.
