En medio de tensiones políticas y judiciales, el Gobierno nacional desmintió categóricamente un acuerdo con el sector kirchnerista para impulsar el pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Casa Rosada, altos funcionarios aseguraron que no existe tal pacto y que cualquier movimiento en torno al dictamen de Lijo es independiente de las acciones del Ejecutivo.
Fuentes cercanas al presidente Javier Milei señalaron que la reciente firma de la senadora Lucía Corpacci, cercana al kirchnerismo, en el dictamen que apoya a Lijo, no implica una negociación conjunta. «No hay ningún acuerdo. Si ellos creen que pueden avanzar con su candidato y bloquear al nuestro, están equivocados», afirmó un alto funcionario, refiriéndose a la postulación de Manuel García-Mansilla, el candidato del Gobierno.
Además, desde el entorno presidencial enfatizaron que Milei mantiene firme su postura de nombrar a ambos magistrados, Lijo y García-Mansilla, para completar el máximo tribunal. «Nuestra premisa es clara: son los dos o ninguno. No cederemos ante presiones para reemplazar a nuestro candidato por una figura propuesta por el kirchnerismo», sostuvieron.
Posible conflicto con la Corte
El Gobierno evalúa avanzar con la designación de los jueces por decreto, en caso de que el Congreso no trate los pliegos en las próximas sesiones. Esta decisión podría generar un enfrentamiento directo con la Corte Suprema, especialmente si el tribunal se niega a tomarles juramento a los magistrados designados de esta manera.
«Si la Corte se resiste a cumplir con su deber constitucional, estaremos ante una causal de juicio político. La ley es clara: deben tomar juramento a los jueces designados», advirtió un funcionario de alto rango.
Por su parte, desde la Corte Suprema aclararon que cualquier decisión sobre la toma de juramento corresponde al pleno del tribunal y no únicamente a su presidente, Horacio Rosatti. «El presidente es el representante institucional, pero las decisiones se toman en acuerdo entre todos los miembros», explicaron fuentes judiciales.
Movimientos en la Cámara Alta
El jefe del bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, comentó que la firma de Corpacci es «un gesto de disposición al diálogo» y sugirió la posibilidad de un acuerdo político. «Estamos dispuestos a conversar. Si ellos proponen uno, nosotros proponemos otro. Hicimos un gesto, ahora el Gobierno tiene la palabra», declaró Mayans.
Sin embargo, desde Casa Rosada interpretaron estas declaraciones como una estrategia para presionar al Ejecutivo. «No vamos a cambiar nuestra postura por maniobras políticas. Buscamos completar la Corte con los candidatos propuestos, siguiendo los mecanismos institucionales», reiteraron fuentes gubernamentales.
El rol de los gobernadores
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, invitó a los gobernadores a participar en la selección de jueces federales para tribunales de todo el país, señalando que esta apertura busca fortalecer el federalismo y la institucionalidad. Esta propuesta también sugiere que, al igual que con Lijo y García-Mansilla, el Gobierno podría designar a estos magistrados por decreto si el Congreso no avanza en los nombramientos.
Ante la falta de tiempo para que los pliegos sean tratados antes del 30 de noviembre, el Gobierno no descarta incluirlos en las sesiones extraordinarias. «Queremos agotar todas las instancias para que el Congreso se expida. Si no lo hace, actuaremos en consecuencia», afirmaron desde el Ejecutivo.
