El expresidente Alberto Fernández presentó, por medio de su abogada, un pedido para postergar su indagatoria en la Causa Seguros y reclamó por la nulidad de su declaración. Así lo planteó Mariana Barbitta, representante del exmandatario argentino que debía presentarse ante la Justicia el 20 de noviembre y fue postergado para el 27 del mismo mes, aunque ahora busca extender aún más este tiempo.
La abogada defensora sostuvo que «el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad se encuentra cuestionada», en referencia al juez Ercolini, recusado al comienzo de esta causa y por el cual la Corte Suprema de Justicia todavía no se expresó. Con este argumento, además de la «falta de claridad y precisión» sobre la imputación del expresidente del Partido Justicialista (PJ), plantean que el dirigente no debe declarar.
«Los déficits de precisión no solo aparecen en el aspecto temporal sino también en la totalidad de la imputación. En primer lugar, V.S habla de una supuesta ‘maniobra mancomunada, coordinada y funcional, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos’, sin explicar como sostiene esa afirmación, cuando mi asistido ni siquiera conoce a la mayoría de las personas con las que comparte imputación», explica Barbitta en nombre de Alberto Fernández, según NA.
Por su parte, el fiscal plantea que por medio del decreto 823/21, Alberto Fernández benefició a sus amigos y cercanos, otorgándole el monopolio de Nación Seguros. Teniendo en cuenta esto, acusan al expresidente de un «direccionamiento» de casos y de dinero en favor de personas cercanas a él, quienes además se encargaron de contratar a otras aseguradoras para que realicen las pólizas millonarias.
Los otros involucrados en la Causa Seguros
Además del expresidente, otros funcionarios de Nación Seguros y beneficiarios del decreto mencionado deberían presentarse ante la Justicia a indagatoria. Ellos son Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, secretaria y persona de confianza de Alberto Fernández. Es por medio de ellos que detectan un direccionamiento en favor de personas del entorno del mandatario.
Sin embarg, también citaron a Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un mecanismo de direccionamiento. Se sospecha que realmente había una «pantalla» con el tema de los seguros y que entre todos ellos se quedaban con las pólizas millonarias por los bienes e inmuebles estatales que necesitaban ser asegurados.
