El expresidente Alberto Fernández se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante el juez Julián Ercolini en el marco de la investigación conocida como «Causa Seguros«. Fernández negó las acusaciones en su contra y presentó un escrito en el que expuso su posición. Durante la audiencia, respondió únicamente a las preguntas formuladas por su abogada defensora, Mariana Barbitta, y evitó contestar las interrogantes del juez y del fiscal Carlos Rívolo.
La indagatoria se centró en el Decreto 823/2021, firmado durante su gestión, que modificó el sistema de contratación de seguros por parte de organismos estatales, estableciendo a Nación Seguros como aseguradora exclusiva. Al respecto, Fernández sostuvo que el decreto era «jurídicamente impecable y legítimo», y que su propósito era «cortar la cartelización» en el sector, sin habilitar ningún tipo de intermediación indebida.
Barbitta, su abogada, señaló al término de la audiencia que el expresidente «no tiene vinculación alguna con la maniobra que se le imputa». Agregó que al inicio de la indagatoria hubo momentos de tensión, ya que Fernández cuestionó al juez Ercolini por haber rechazado sus presentaciones previas y mencionó un posible «direccionamiento político» en el avance de la causa.
Detalles de la acusación
El expresidente está acusado de presunta «administración fraudulenta en perjuicio del Estado» y «negociaciones incompatibles con la función pública». Según la investigación, se lo vincula con una supuesta maniobra para direccionar contratos de seguros de organismos estatales hacia determinadas empresas durante su mandato. La imputación específica y las pruebas en su contra fueron comunicadas al inicio de la indagatoria.
En el momento de citarlo a declarar, el juez Ercolini había indicado que existía mérito suficiente para convocarlo, afirmando que el expresidente habría tenido control sobre la maniobra investigada. Junto a Fernández, también fueron citados exfuncionarios de Nación Seguros, entre ellos Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.
La investigación apunta a que la presunta maniobra habría beneficiado a un grupo reducido de empresas y productores de seguros. Uno de los mencionados es Héctor Martínez Sosa, señalado como líder de uno de los grupos y vinculado al expresidente. Sin embargo, Fernández ha negado en varias ocasiones haber favorecido a su amigo.
Desarrollo de la audiencia
El expresidente arribó a los tribunales alrededor de las 9:30 horas, bajo un estricto operativo de seguridad que incluyó restricciones en la circulación por el cuarto piso del edificio para evitar el contacto con la prensa. Tras presentar su escrito y responder a las preguntas de su abogada, Fernández se retiró del lugar cerca del mediodía.
Previo a la indagatoria, la defensa del exmandatario había solicitado la nulidad del llamado a declarar y la suspensión de la audiencia. El juez Ercolini rechazó el pedido, calificándolo como una maniobra «dilatoria».
La ronda de declaraciones continuará en los próximos días. Este jueves están citados Martínez Sosa y su esposa, quien fuera secretaria presidencial durante la gestión de Fernández. También deberán presentarse los exfuncionarios de Nación Seguros involucrados en la causa.
Contexto y antecedentes
La «Causa Seguros» investiga la contratación de pólizas por parte de 45 organismos estatales con Nación Seguros, en las que habrían intervenido 25 brokers. Se analiza si hubo irregularidades en estas contrataciones y si se favoreció a determinados intermediarios sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.
El Decreto 823/2021, firmado por Fernández, es uno de los elementos centrales de la investigación. Según los investigadores, esta norma habría eliminado la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y la transparencia, otorgando un monopolio a Nación Seguros.
El expresidente ha sostenido que el decreto buscaba eliminar prácticas de cartelización en el sector y que no promovía ninguna intermediación indebida. Su defensa argumenta que no existen pruebas que lo vinculen con las presuntas irregularidades y que su actuación estuvo enmarcada dentro de la legalidad.
