La causa que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguros -denominada causa Seguros– para organismos públicos en el gobierno de Alberto Fernández iniciará este viernes la ronda de declaraciones indagatorias de exfuncionarios. En este marco, será el turno de Alberto Pagliano, extitular de “Nación Seguros”. Este jueves, el broker Héctor Martínez Sosa y la exsecretaria de Fernández presentaron escritos.
Pagliano tendrá que presentarse a las 11.00 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, en una jornada donde se programaron otras dos indagatorias. Éstas son el ex director de Nación Seguros Gustavo García Argibay y el extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Federico D’Angelo Campos.
Pagliano llegó al cargo durante el gobierno de Fernández y en su gestión se firmó el decreto que dispuso que todas las pólizas de seguro estatales debían contratarse con “Nación Seguros” y, en caso de ser necesario, recurrir a intermediarios como el broker Martínez Sosa, otro de los acusados, quien este jueves se negó a contestar preguntas pero dejó un escrito.
En su texto, Martínez Sosa se refirió justamente a Pagliano y negó haber ejercido “influencia” alguna sobre el entonces funcionario. “Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones”, escribió.
A su vez, indagado el miércoles último, el expresidente Alberto Fernández ratificó que es amigo de Martínez Sosa pero dijo creer que eso “no es delito” y que nunca pidió nada a favor del broker. “Con Alberto Fernández tenía un vínculo de amistad”, afirmó Martínez Sosa a la prensa al retirarse de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, consignó NA.
En tanto, alrededor de las 12.00 del jueves, fue el turno de su esposa María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández, quien en un breve paso por el cuarto piso de tribunales también se limitó a dejar un escrito sin hacer declaraciones ni responder preguntas. Fue de su teléfono celular secuestrado en la causa que se extrajeron conversaciones vía WhatsApp que complicaron su situación, la de su marido y también la del expresidente.
En uno de esos intercambios el matrimonio hablaba de “un negocio en Cancillería” que corría riesgo de “acabarse”. Ella de inmediato le escribió al entonces presidente sobre el tema y él respondió: “Ya me ocupo”. Indagado el miércoles, Fernández sí aceptó hablar y responder preguntas de su abogada defensora Mariana Barbitta y, respecto a ese chat, dijo que aludía a que iba a averiguar si había “algún tipo de irregularidad”.
Según la acusación, con la firma de un decreto que dispuso que todas las dependencias públicas debían contratar a través de “Nación Seguros SA”, se abrió la puerta a la intermediación de “brokers” innecesaria además de un “direccionamiento irregular” en esas contrataciones entre 2019 y 2023. Se calcula que habría cobrado con su empresa $ 360 millones en comisiones pero esta cifra aumenta si se comprueba que usó otras compañías vinculadas a su persona.
