La Justicia comenzó a rastrear más de USD 17 millones en comisiones derivadas de contratos dirigidos entre 2019 y 2024 a favor de brokers vinculados al expresidente Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo, en la causa Seguros. Este dinero, en parte, fue desviado hacia cooperativas como “7 de Mayo” e “Irigoin”. A su vez, estos invirtieron en propiedades en la Capital y la Costa Atlántica. Además, de viajes a Estados Unidos, autos de alta gama y abonos exclusivos en el club River Plate.
La investigación, que expone la cartelización en la intermediación de seguros estatales, explora las conexiones de Fernández con el negocio, considerando que este había sido superintendente de Seguros durante el gobierno de Menem y había participado en la controversial disolución del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER). La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, quien presentó la denuncia basada en una investigación periodística, solicitó al juez que profundice en el rastreo de los fondos desviados para determinar el alcance de las transferencias irregulares.
Durante su gestión, Fernández controló Nación Seguros, respaldando un decreto (823/2021) que evitó las licitaciones en seguros estatales. Además, según los chats obtenidos de su secretaria María Cantero, ella gestionaba contratos en favor de su esposo, el broker Héctor Martínez Rojas. La causa, liderada por el fiscal Carlos Rívolo, ha avanzado con un embargo preventivo sobre comisiones pendientes de pago. De esta manera, se intentará recuperar el dinero estatal malversado.
El caso también incluye nombres como Pablo Torres García, propietario de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo; y Oscar Castello, un colaborador de la campaña de Fernández-Kirchner. Oliveto sostiene que este entramado demuestra una complicidad organizada dentro de Nación Seguros. Y donde se señalaba qué brokers debían recibir contratos, favoreciendo a figuras como Martínez Sosa.
Una larga lista de compras lujosas
Basada en una auditoría de la SIGEN, la investigación involucra a la UIF y PROCELAC en un análisis de las relaciones financieras entre cooperativas, brokers y funcionarios durante el gobierno de Fernández. En la citación judicial, el juez Julián Ercolini afirmó que parte del dinero canalizado benefició directamente a los involucrados en la maniobra. En el análisis de cuentas, la cooperativa “7 de Mayo” declaró ingresos multimillonarios entre 2021 y 2024.
La causa también apunta a irregularidades en las estructuras y autoridades de las cooperativas involucradas. Por ejemplo, señalando cambios constantes en sus integrantes para enmascarar a los beneficiarios reales.
