La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La sentencia ratifica la decisión de primera instancia que halló a Fernández de Kirchner culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, durante sus dos mandatos presidenciales. Sin embargo, el fallo aún no es definitivo, por lo que la ex mandataria no será detenida hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso.
Esta decisión se da en el marco de una causa que incluyó a otros 12 acusados, entre ellos empresarios y exfuncionarios, y que ha sido un símbolo de la polarización en Argentina. El fallo de Casación llega tras revisar los fundamentos del Tribunal Oral Federal, que en diciembre de 2022 condenó a la ex presidenta en una decisión que causó revuelo político. Aunque Fernández de Kirchner enfrenta la posibilidad de perder sus derechos políticos de por vida, su defensa ha señalado que continuará apelando hasta agotar todas las instancias.
El proceso de apelación ante la Corte Suprema podría extenderse varios meses, y se espera que el máximo tribunal empiece a revisar el expediente recién en marzo de 2025. Hasta entonces, la ex presidenta mantendrá su libertad y seguirá habilitada para participar en política. Esta situación, informó NA, es habitual en causas de gran complejidad donde la resolución de fondo depende de un tribunal superior, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy es una de las principales figuras del Partido Justicialista, ha insistido en que esta causa es parte de una campaña de persecución política en su contra. La ex mandataria y sus abogados han sostenido que el caso responde a una estrategia de «lawfare», con el fin de apartarla de la vida política argentina. En ese sentido, la condena inhabilitante representa un golpe simbólico y real, ya que afectaría su influencia política en futuras elecciones.
De confirmarse el fallo de Casación por la Corte Suprema, la sentencia dejaría a la ex presidenta inhabilitada para ocupar cargos públicos y obligada a cumplir la pena de prisión. Sin embargo, la última palabra queda en manos del máximo tribunal, que en los próximos meses determinará si ratifica, revoca o modifica la decisión de la Cámara de Casación, poniendo así fin a uno de los procesos judiciales más significativos de la última década en Argentina.
