A mediados de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en la Causa Vialidad. La sentencia se produce en el marco de la investigación por presuntos desvíos de fondos en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Sin embargo, la sentencia aún no quedó firme. De confirmarse en la Corte, la exmandataria quedaría inhabilitada para participar en futuras elecciones. La defensa de Kirchner ha sostenido que el proceso es un intento de proscripción política y que no existe prueba suficiente para sostener la acusación de administración fraudulenta. Sin embargo, la abogada penalista María Eugenia Talerico argumentó que «los requisitos para la prisión preventiva están».
En diálogo con el programa «Todo en off» de Radio Splendid, Talerico hizo mención a la ex presidenta Cristina Kirchner y señaló que «no puede ser» que el Congreso la vaya a «guarecer», en caso de que sea candidata el año próximo, «burlando a tantos jueces» que fueron en el «mismo sentido» a la hora de fallar en contra de la ex mandataria.
Talerico, ex vicepresidenta de la UIF durante el macrismo, sostuvo que en la causa Vialidad, por la cual Fernández de Kirchner tuvo una condena de 6 años de prisión, están los requisitos para la prisión preventiva. «Los criterios para aplicarle la prisión preventiva están. La inhabilitación especial es seria. Es un delito que ella cometió contra el sistema democrático», afirmó.
Qué más se dispuso en la sentencia
La sentencia también ratificó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, que corresponden al perjuicio económico estimado para el Estado en la adjudicación de contratos a empresas de Báez. Según el fallo, durante más de una década, un grupo de empresas vinculadas al empresario habría monopolizado los contratos de obra vial en Santa Cruz.
El proceso judicial analizó la manipulación de 51 licitaciones públicas para obras en rutas de Santa Cruz, con presuntas irregularidades impulsadas desde la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial. Según la investigación, exfuncionarios avalaron el direccionamiento de los contratos hacia las empresas de Báez, generando un circuito de corrupción que impactó fuertemente en el erario público.
