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SOCIEDAD

Condenaron a tres años de cárcel al empresario de Chubut que aplastó cientos de pingüinos

Ricardo La Regina fue condenado por los delitos de daño agravado y crueldad ambiental por los hechos ocurridos en 2021.

Chubut

Ricardo La Regina, el productor ganadero que pasó con una topadora por encima de 240 pingüinos en Chubut, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional. Este hombre fue sentenciado por los delitos de daño agravado y crueldad ambiental, además de que le decomisaron la máquina retroexcavadora que utilizó para cometer este ecocidio.

Esta es la primera vez en la historia de Argentina que se condena a una persona por un hecho de estas características, por lo que marcará un precedente para nuestro país. Los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini, los mismos que la semana pasada lo encontraron culpable de estos delitos, afirman que este hombre utilizó maquinaria para realizar un camino paralelo sin autorización y añadir un alambrado electrificado en 2021, pasando por arriba de nidos y de animales.

Se dispuso además la «inmediata intervención del Estado para que a través de los organismos competentes determinen e ingresen al establecimiento para realizar la recomposición del medio ambiente afectado. Para ello se dispondrá un plazo de 60 días, para preservar el ecosistema y su compatibilidad con la presencia humana en el lugar, estableciendo cuáles son las áreas a proteger, cantidad de hectáreas y de qué forma se custodiará el ecosistema. El control de estas disposiciones se realizará cada 4 meses», añadieron.

Además, indican que La Regina deberá «colaborar con la realización de estas actividades y ponerse a disposición de la autoridad competente». Cabe remarcar que este productor de Chubut fue absuelto por unanimidad del delito de crueldad animal que le había sido atribuido entre el 10 y el 14 de septiembre de ese mismo año.

Para el Ministerio Público Fiscal de Chubut se trata de un fallo que sienta un precedente para la justicia ambiental en el país: «La sentencia demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego. Además, subraya el papel esencial de los fiscales como guardianes de la naturaleza y la ley», destacaron.