En un contexto de crecientes tensiones políticas, 18 de los 23 gobernadores manifestaron su profunda preocupación por los recursos provinciales hacia el Gobierno de Javier Milei. La situación se dio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), enmarcada en una puja constante por los fondos que asignará el próximo Presupuesto 2025. Los mandatarios señalaron que, durante los primeros 11 meses del actual gobierno nacional, hubo una caída real del 12% en los ingresos coparticipables.
Al mismo tiempo, advirtieron que los ingresos no coparticipables, que quedan exclusivamente en manos del gobierno central, mantuvieron su nivel, incrementando la participación del Estado nacional en la distribución total de recursos y generando malestar entre las provincias.
Principales puntos de los gobernadores
Entre los reclamos, exigieron que el Estado nacional salde las deudas acumuladas con las provincias por las cajas previsionales no transferidas, y solicitaron retomar el esquema de pagos de anticipos para estas obligaciones. También pidieron que los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos sean compartidos entre la Nación y las provincias, sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social.
Además, subrayaron la necesidad de una distribución equitativa y regular del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), esencial para afrontar urgencias financieras en sus jurisdicciones. Propusieron limitar la alícuota que la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) detrae de la recaudación, buscando no perjudicar los salarios de los trabajadores y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos. Finalmente, solicitaron que el gobierno nacional cumpla con las compensaciones pendientes derivadas del Consenso Fiscal 2017, ajustando los montos correspondientes.
La respuesta del oficialismo
Estas demandas no han encontrado una respuesta favorable en la Casa Rosada. Mientras los gobernadores insisten en que el proyecto de Presupuesto 2025 incluya el financiamiento para obras en sus territorios y aborde las deudas por las cajas previsionales, el gobierno nacional se mantiene firme en respetar el principio de «déficit cero». Esta postura ha generado fricciones, especialmente cuando algunos diputados han solicitado aumentar los fondos para las universidades públicas y otras áreas sensibles.
El gobierno nacional argumenta que las provincias también tienen deudas con la Nación y propone trabajar en un «clearing» para comparar los números y establecer quién tiene saldo deudor. El debate sobre el Presupuesto 2025 se ha intensificado, centrándose en las proyecciones económicas para los últimos meses del año. Críticos de la propuesta oficial señalan que se basa en supuestos cuestionables sobre los niveles de actividad económica e inflación. Por ejemplo, para cumplir con las estimaciones, la inflación entre septiembre y diciembre debería ser de 1,4% mensual, algo que desde la oposición consideran poco realista dados los datos recientes que indican una tendencia diferente.
La posibilidad de una prórroga
La serie de cláusulas rechazadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, ha alimentado la percepción de que al presidente Milei no le desagradaría gestionar su segundo año sin un presupuesto aprobado, prorrogando nuevamente el texto de 2023. Sin embargo, en los últimos días, el Ejecutivo ha reactivado las negociaciones e incluso ha dejado entrever la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, en caso de no llegar a tiempo con los trámites parlamentarios.
La relación entre las provincias y el gobierno nacional atraviesa un momento crítico. Los gobernadores buscan garantizar recursos que consideran indispensables para el desarrollo de sus jurisdicciones, mientras que la administración central prioriza el control del déficit y la austeridad fiscal. La posibilidad de extender las sesiones legislativas o convocar a extraordinarias refleja la complejidad del escenario político actual. Con las sesiones ordinarias programadas para finalizar el 30 de noviembre, el tiempo apremia para alcanzar consensos que permitan la aprobación del Presupuesto 2025.
