La Jefatura de Gabinete oficializó la derogación de la normativa que obligaba a las entidades del sector público a contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral para el traslado de funcionarios y terceros. La medida, publicada en el Boletín Oficial como Decisión Administrativa 1017/2024, marca un cambio significativo en el marco regulatorio que regía desde 2013.
La normativa original, Decisión Administrativa 244/2013, formaba parte del Decreto 1191/2012, diseñado para priorizar contrataciones con empresas donde el Estado tuviera participación accionaria. Sin embargo, con la declaración de emergencia pública establecida por el Decreto 70/2023 y las posteriores disposiciones de desregulación, esta preferencia fue limitada gradualmente hasta llegar a su eliminación.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, señalaron que esta decisión busca “garantizar un régimen de contrataciones más competitivo y transparente, basado en licitaciones públicas y concursos abiertos”. Según Francos, “la obligatoriedad de contratar con una sola empresa generaba distorsiones en los costos y limitaba las opciones del sector público”.
El Decreto 747/2024 fue el primer paso hacia esta desregulación, al eliminar el mandato explícito de contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas. Ahora, con esta nueva disposición, el Gobierno promueve un esquema que “fomente la concurrencia y evite privilegios indebidos”, destacó Sturzenegger.
Aerolíneas Argentinas, que ha sido objeto de críticas por los subsidios que recibe del Estado, enfrenta ahora un escenario más competitivo. Aunque el Gobierno aún no detalló cómo impactará la medida en las finanzas de la empresa, especialistas advierten que podría perder ingresos significativos provenientes de contratos con el sector público.
La medida entra en vigencia de manera inmediata, dando paso a un nuevo esquema de contrataciones en el que las entidades del sector público podrán elegir servicios de transporte aéreo en función de calidad, costo y eficiencia. Según el comunicado oficial, el objetivo es “hacer más eficiente el gasto público, sin descuidar la calidad de los servicios contratados”.
