En un movimiento que promete generar debate político y social, el Gobierno de Javier Milei anunció este jueves la suspensión de la pensión de privilegio que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó en conferencia de prensa que la medida se tomó «por orden directa» del presidente, argumentando que la condena recibida contradice los principios de «honor, mérito y buen desempeño» exigidos para recibir dicho beneficio.
«Por orden del Presidente de la Nación, Javier Milei, y en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio de la que la ex presidenta Cristina Kirchner venía gozando, tanto en su pensión como en la derivada de su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner,» afirmó Adorni. Según el funcionario, el recorte supone un ahorro significativo para el Estado: “Esto representa un ahorro de $21.827.624,65, monto que se cobraba en mano por ambas asignaciones.»
La decisión, que se apoya en el fallo emitido por la Cámara de Casación Penal, se basa en la ley 24.018, que otorga el beneficio de jubilación de privilegio a exmandatarios «como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo». La condena de Casación contra Fernández de Kirchner, subrayó Adorni, la descalifica de este derecho. «La jubilación de privilegio es un honor que no debería existir, especialmente para quienes han sido condenados por corrupción, afectando la confianza y el bienestar de millones de argentinos.»
Adorni insistió en que esta medida refleja la «cordura» que el presidente Milei desea imponer en la administración pública, asegurando que «durante este mandato no habrá personas condenadas por corrupción que disfruten de los privilegios del Estado«. Según el vocero, la decisión busca dar un mensaje de cambio y marcar un precedente de transparencia, compromiso y respeto a los recursos públicos, valores que el actual Gobierno se ha comprometido a defender.
La medida, que podría derivar en una serie de reclamos legales, marca una postura firme del Gobierno de Milei respecto a los beneficios percibidos por exmandatarios. Con esta decisión, el presidente busca consolidar su imagen de liderazgo disruptivo, combatiendo lo que considera «privilegios injustificados» en un país que, a su entender, debe dar prioridad a los ciudadanos y no a quienes han sido condenados por actos de corrupción.
