El Gobierno nacional dio inicio este viernes al proceso de implementación del “silencio positivo” en más de 500 trámites de la administración pública, marcando un cambio significativo en la gestión burocrática. Este nuevo enfoque busca agilizar los procesos administrativos y facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado.
Según fuentes oficiales, el cambio, aprobado en el marco de la Ley Bases, se realizará de manera gradual para evitar un “shock” que podría afectar el funcionamiento de la administración. “El silencio negativo fue cuestionado en el mundo y se busca ir en otra dirección, pero de forma gradual”, explicaron desde Casa Rosada a medios acreditados, incluida la agencia Noticias Argentinas.
Detalles de la normativa y su alcance
La nueva reglamentación, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, tiene como objetivo eliminar trabas burocráticas y reducir los tiempos de respuesta en gestiones regladas. De acuerdo a la Presidencia, “la medida se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional” e incluirá procedimientos que van desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.
“El objetivo es simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica”, señalaron fuentes gubernamentales a NA. Sin embargo, aclararon que la medida excluye áreas sensibles como salud pública, medio ambiente, la prestación de servicios públicos y derechos sobre bienes de dominio público.
Cambio gradual y requisitos para su aplicación
La implementación del “silencio positivo” se realizará de forma escalonada. La normativa entró en vigencia este viernes en la administración pública centralizada y se extenderá a la administración descentralizada a partir del 1 de diciembre. Este enfoque asegura que los trámites “bien presentados” puedan avanzar de manera automática si no reciben respuesta dentro de los plazos estipulados, lo que obliga a las oficinas públicas a gestionar con mayor celeridad. “Cuando el silencio era sólo negativo, la administración pública dormía en los laureles. Ahora, con el positivo, van a tener que resolver”, remarcaron las fuentes.
Capacitación para profesionales del derecho
En un esfuerzo por facilitar la transición y la correcta aplicación de la normativa, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos de capacitación para abogados y profesionales del derecho. Estos programas se enfocarán en instruir sobre la implementación y alcances del “silencio positivo” en los procedimientos administrativos.
La entrada en vigor del decreto 971/2024 promete un cambio en la forma en que los ciudadanos interactúan con el Estado, promoviendo una administración más ágil y eficiente. Con esta medida, el Gobierno espera fomentar la inversión y brindar una mayor certidumbre jurídica, respondiendo a una demanda histórica de modernización en los procesos públicos.
