El Gobierno nacional a cargo de Javier Milei profundizó la investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y a partir de un cruzamiento de datos con el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich se detectó que poco más de 200 beneficiarios de una Pensión No Contributiva (PNC) estaban presos. Así se desprende de un informe del periodista Luis Gasulla.
El mismo concluye que procesados y condenados recibieron una PNC por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales porteños de Comodoro Py. El último operativo de la Andis, que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo a cargo de Paula Gargiulo, se han capturado a varios prófugos de la Justicia que abusaron del sistema al cobrar pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El hecho, según las autoridades actuales de Andis, hoy conducida por Diego Orlando Spagnuolo, confirma el mal uso de los recursos públicos que se producía durante la gestión anterior.Luego de que el Ministerio de Seguridad y la Andis detectaran que 331 prófugos de la Justicia recibían una pensión por invalidez, se confirmó que otros 200 presos la cobraban.
Con estos datos, el Gobierno nacional puso a disposición de la Justicia los nombres de 33 prófugos que estaban en esta situación, de los cuales 14 resultaron capturados en un solo operativo. Con la información recabada por los organismos antes mencionados, la Andis realizó un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, y fue ahí que se dio con los 212 titulares de PNC en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado), y por ende incompatibles para poder recibir el beneficio.
Para Spagnuolo, “la cifra podría ascender, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados, de cada jurisdicción”. Hasta el momento, el Gobierno procedió a la baja directa de estos beneficiarios por tratarse de nombres propios registrados en el ámbito de la cartera de Seguridad nacional.
Entre los casos más llamativos se encuentra el de un hombre de 40 años, residente en el partido bonaerense de La Matanza. Había recibido una pensión sólo tres días después de iniciar el trámite el 28 de noviembre de 2023, incluso a pesar de que su auditoría médica resultó desfavorable, indicando que no cumplía con los requisitos necesarios.
Otro caso involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, también en Provincia, quien ya desde el inicio del trámite de PNC por invalidez laboral, debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. Además de haber logrado obtener su pensión en un tiempo récord de seis días, su condición y su estatus deberían haber sido suficientes para denegar su solicitud.
La lupa está puesta en la exvedette Paula Martínez, exdirectora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis, quien manejó US$ 3.400 millones en la asignación de PNC por invalidez en todo el país. Según el citado Gasulla, era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de Anses, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) de Victoria Tolosa Paz.
Durante su gestión, se entregaron 300.000 nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Fernández. Hoy el fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles lo que provocó un descontrol en la distribución de las pensiones. Martínez era la encargada de los “abordajes territoriales”.
