A partir del 1° de diciembre, el Gobierno Nacional comenzará a a realizar «exámenes de idoneidad» para los más de 40 mil empleados públicos en planta transitoria o contratados hasta el 31 de diciembre. Los exámenes se dividirán en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública; con preguntas multiple choice para determinar los conocimientos del personal público.
El examen se llamará «Evaluación General de Conocimientos y Competencias» y será de carácter obligatorio para trabajar en la administración pública nacional. La evaluación se tomará de manera presencial y anónima, con aproximadamente una hora de duración y quienes la tomen tendrán tres oportunidades de realizarla para aprobar. Las pruebas estarán a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que utilizará el Sistema de Evaluación Pública (SEP) para realizarlas.
Las pruebas serán de tres tipos, cada una orientada a Servicios Generales, Servicios Administrativos y Profesionales. Los exámenes de comprensión lectora y matemática estarán destinados a las tres áreas, mientras que el de «conocimiento de la administración pública» solo lo realizarán los «Profesionales» .El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dio de alta el sitio y ordenó la publicación de material de estudio y ejercicios del examen matemático, el cual incluye cálculos básicos, cálculos de probabilidades y análisis de gráficos. Los ejercicios de conocimiento de la administración pública abarcarán tópicos como los derechos civiles y normativas de la función pública.
Los primeros en tomar el examen será los trabajadores del área de Jurisdicciones y Entidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno estima que podrá realizar aproximadamente 2.000 exámenes por día, por lo que es posible que el periodo de evaluación se extienda hasta enero.
Según señalaron desde el Gobierno, estas pruebas no tienen por objetivo reducir la plantas estatales. El presidente Javier Milei llegó al poder prometiendo grandes recortes en la administración pública, así como servicios estatales más eficientes; para lograr esto, el presidente afirmó haber avanzado con el despido de 50 mil empleados estatales. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales gremios de estatales, aseguró que las evaluaciones son «un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de forma ilegal«.
