El Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia formal solicitando el desalojo de un boliche clandestino que operaba en los segundo y tercer pisos del edificio ubicado en Avenida Rivadavia 2749/89. Este edificio había sido cedido en enero de 2018 al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” con el propósito de uso pedagógico, pero nunca se utilizó para tal fin.
Desde el 19 de enero de 2018, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asignó el segundo y tercer piso del mencionado edificio al Instituto Universitario para fines educativos. Sin embargo, estas instalaciones nunca cumplieron con su propósito original. En lugar de ello, el espacio se convirtió en un punto de encuentro para diversas actividades no autorizadas. En el lugar operaban hasta ahora un boliche clandestino, un “bunker político” de la organización kirchnerista MILES dirigida por Luis D’Elía, un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, y la “Radio Rebelde”, un medio donde el dirigente piquetero realiza un programa de radio.
“El uso indebido de este inmueble afecta la moralidad pública y los intereses de los ciudadanos”, declaró el ministro de Justicia en la denuncia oficial. Las autoridades argumentaron que estas actividades violaban las normas que regulan la cesión y el uso de bienes públicos, generando un perjuicio significativo para el Estado y la comunidad.
Investigación y descubrimiento de irregularidades
“Se ha observado que las personas que hoy practican actividades dentro del inmueble han utilizado y aprovechado de manera irregular los bienes y servicios públicos, violando los principios de administración pública, y perjudicando los intereses del Estado y de la comunidad”, detalló el escrito judicial presentado por el Ministerio de Justicia. Además, se constató la instalación de un establecimiento bailable en el tercer piso, equipado con luces, parlantes, telones, sillas y mesas, donde se comercializaban alimentos y bebidas alcohólicas, lo que constituye una violación flagrante de las condiciones de uso del inmueble.
Respuesta de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo
La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) negó que los espacios en cuestión pertenecieran al Instituto fundado por Hebe de Bonafini y al parricida Sergio Schoklender. Intentaron argumentar que la UNMa había sido atacada nuevamente por la administración de La Libertad Avanza, presentando un acta de transferencia firmada el 15 de noviembre de 2023 que indicaba el traspaso de las instalaciones de otro edificio ubicado en Avenida Rivadavia 4615 a la institución educativa.
El Ministerio de Justicia en su comunicado indicó que la cesión original mediante la Resolución RESFC-2018-28-APN-AABE#JMG asignaba específicamente el segundo y tercer piso del inmueble para fines pedagógicos. A pesar de ello, el espacio permaneció subutilizado y fue ocupado de manera irregular por diversas organizaciones y familias.
Medidas solicitadas al Poder Judicial
En la presentación judicial ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de María Servini, y la Fiscalía Federal 4, a cargo de Carlos Stornelli, el Ministerio de Justicia solicitó una serie de medidas específicas para abordar las irregularidades detectadas en el uso del inmueble. En primer lugar, se requiere comprobar de manera exhaustiva los hechos informados, verificando todas las irregularidades reportadas en el uso del edificio. Además, se insta a restaurar el uso adecuado del inmueble, reasignando el espacio al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” para los fines pedagógicos originalmente estipulados.
El Ministerio también demanda determinar la responsabilidad de los funcionarios y personas involucradas en el uso indebido del inmueble, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de estas acciones. Por último, se solicita adoptar todas las acciones legales necesarias y proceder con el desalojo de los ocupantes ilegales, implementando medidas que corrijan el desvío de recursos públicos y aseguren el cumplimiento de las normas de administración de bienes estatales. Estas medidas buscan no solo restablecer el orden y el propósito original del inmueble, sino también garantizar la integridad y transparencia en la gestión de los bienes públicos asignados a instituciones educativas.
Impacto en la administración pública y la política
La denuncia también destaca la presencia de propaganda política de gobiernos anteriores. Específicamente, vinculada a movimientos de orientación kirchnerista, como evidenciaron carteles y banners con consignas políticas en todo el inmueble. “Estos fines ajenos a la instalación de la sede del instituto universitario incluyen lugares de distensión y recreación sin habilitación alguna. Por ejemplo, un expendio de bebidas alcohólicas y alimentos, lo que agrava aún más el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó la cesión”, afirmó el Ministerio de Justicia.
Además, se constató la instalación de asociaciones como la “Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina” (OHVA) y la “Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina” (AMUMRA), cuya presencia cuestiona la efectividad de la gestión y el uso adecuado del espacio cedido. “La presencia de propaganda política y la utilización de los espacios para actividades completamente ajenas a la naturaleza del inmueble vulneran las normas que regulan el uso de bienes del Estado”, subrayó el escrito judicial.
