El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que rechace la petición de los fondos Burford Capital y Eton Park de embargar activos de YPF en el marco de su demanda contra Argentina por la expropiación de la petrolera. Este pedido del gobierno norteamericano, conocido el mismo día en que Donald Trump fue declarado vencedor en las elecciones presidenciales, busca proteger los principios de inmunidad soberana y evitar que el fallo comprometa relaciones diplomáticas y futuras medidas de reciprocidad.
Los fondos demandantes ganaron una sentencia que obliga a Argentina a pagar unos 16 mil millones de dólares. En respuesta, han solicitado que el país transfiera un tercio de las acciones de YPF como garantía del pago mientras continúa la apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. expresó que conceder el pedido «violaría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos». El abogado argentino Sebastián Soler compartió en la red social X una imagen del documento del gobierno estadounidense en el que presenta este argumento ante la jueza Preska.
Para el analista Sebastián Maril, especializado en temas judiciales internacionales que afectan a Argentina, la posición de Estados Unidos era esperada y podría anticipar problemas si el tribunal decide proceder con el embargo solicitado por los demandantes. «El gobierno norteamericano ha argumentado que conceder el pedido sentaría un precedente que podría aplicarse en casos similares en el futuro, abriendo la puerta a que Argentina, o cualquier otro país, adopte una postura recíproca contra activos estadounidenses en su territorio«, explicó Maril, según informó NA.
La postura de EE.UU. en este conflicto se desarrolla en un complejo entramado de acciones judiciales. La Procuración del Tesoro de Argentina ya había alertado al gobierno de Joe Biden sobre las posibles consecuencias de que un tribunal estadounidense embargue activos que no están bajo su jurisdicción, dado que las acciones de YPF están registradas en la Caja de Valores en Buenos Aires y no en Nueva York.
Este contexto se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones, lo cual fue interpretado por los demandantes como una violación del estatuto de la compañía. Según dicho estatuto, al adquirir más del 15% de las acciones, el comprador debe ofrecer una OPA al resto de los accionistas. Las empresas Petersen, vinculadas a la familia Eskenazi, poseían una parte significativa de YPF en el momento de la estatización y, tras su quiebra en España, los derechos de litigio fueron adquiridos por Burford Capital.
Durante el juicio, tanto los demandantes como la jueza Preska señalaron la declaración del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, quien había expresado en el Congreso que sería «estúpido» para el Estado adquirir la totalidad de las acciones en cumplimiento del estatuto de YPF, una declaración que fue utilizada en el caso para fundamentar los reclamos. La defensa argentina argumentó que el procedimiento se basó en la ley de Expropiación, que debería primar sobre los estatutos internos de la empresa.
El caso sigue adelante mientras Argentina intenta limitar los efectos del fallo y apelar a una resolución más favorable. El reciente amicus curiae presentado por el gobierno de Estados Unidos podría influir en la decisión final, poniendo el foco en la inmunidad soberana y en los impactos diplomáticos y económicos de un posible embargo de activos nacionales en el exterior.
